El Pleno levanta por segunda vez la recusación de la alcaldesa presentada por una empresa

La adjudicataria de la recaudación advierte de que «no nos vamos a cansar de reclamar nuestros derechos»

ALEXIA SALASSAN PEDRO DEL PINATAR

Las secuelas del enfrentamiento entre el Ayuntamiento de San Pedro y la empresa Martínez Centro de Gestión, S.L. bien podrían titularse 'El día de la marmota'. Al menos el contenido de la última sesión plenaria resultó idéntico al vivido el pasado 4 de junio, cuando se produjo por primera vez la insólita circunstancia de que el Pleno levantó la recusación que contra la alcaldesa, Visitación Martínez, presentó esa mercantil que, si bien obtuvo en 2009 la adjudicación del servicio de Recaudación, nunca firmó el contrato por el voto en contra del PP -entonces en la oposición-.

Previamente al Pleno, la alcaldesa tuvo que levantar la recusación a sus propios concejales, ya que la empresa los había acusado de incurrir en causa de incompatibilidad «por enemistad manifiesta» para decidir sobre el procedimiento de nulidad de la adjudicación del servicio de recaudación municipal. Idéntico paso dio en el Pleno de esta misma semana.

Martínez recusó en la primera ocasión también al secretario, Carlos Balboa, el único que aceptó la causa y se abstuvo de intervenir. En la segunda intentona, se repitió la recusación a los 8 concejales y a la regidora, pero también al funcionario Salvador Álvarez. Es la segunda vez que se repite la misma inusual votación, que llega precedida por 9 años de litigios y recursos, 14 procedimientos en los juzgados y tres intentos de nulidad de la adjudicación por el Consistorio.

«No hay enemistad alguna, ya que algunos concejales ni siquiera conocen a la empresa, y yo solo de algunas reuniones», explica el edil de Hacienda, José Fernández Andreo. Defiende que «en 2009 el PP votó en contra porque el informe del secretario señalaba anomalías en las cláusulas y no se puede adjudicar un servicio así». «Es cierto que Martínez nos ganó el procedimiento», reconoce el edil.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Cartagena desestimó la petición del Ayuntamiento e instó a culminar la adjudicación que los propios técnicos municipales habían valorado. Además, obligó a votar a favor de la adjudicación en una providencia bajo «multas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales».

Así lo hizo el Pleno con una votación unánime a favor de la empresa que no tuvo más valor que el de eludir la multa judicial, pues el Gobierno local inició a continuación un proceso de nulidad que motivó la primera recusación en junio. La empresa recuerda que también el Tribunal Superior de Justicia falló a su favor por lo que asegura que «no nos vamos a cansar de reclamar nuestros derechos». Su defensa sostiene que la única forma de acabar con este círculo vicioso, que no excluye en el futuro nuevas recusaciones, será «que se pronuncie el TSJ sobre la ejecución de la sentencia o que el Consejo Jurídico les diga que no tienen razón» y no descarta pedir una indemnización en el futuro. La representación legal de la empresa rechaza la razón del Consistorio: «Según el PP, Recaudación no lo puede llevar una empresa privada, cuando así lo ha gestionado desde 1988 hasta 2009». Por su parte el edil recuerda que «la empresa ya gestionaba una parte del servicio, por eso no se podía volver a adjudicar».

Del galimatías legal, el edil de Cs, José Luis Ros, critica «la defensa furibunda» que ejerce el equipo de gobierno. «Cómo es posible que una recusada -la alcaldesa- levante la recusación a los concejales para que vayan al Pleno a desrecusarla a ella», denuncia Ros, quien ve clara la «animadversión» hacia la empresa porque «fue el Gobierno socialista el que le adjudicó el servicio, pero hay que cumplir la Ley y, sobre todo, ofrecer un buen servicio, ya que hay muchas quejas sobre la gestión que actualmente realiza la Agencia Tributaria, tanto en el trato de los ciudadanos como en la precisión de los cobros».

Para el portavoz del PSOE, José Lorenzo Martínez, el Pleno de la recusación «está fuera de la Ley».

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