Las auxiliares de ayuda a domicilio denuncian acoso y menos derechos con la nueva contrata

Las trabajadoras reclaman el kilometraje, los uniformes y tiempo para el desplazamiento a las casas de los usuarios

Alexia Salas
ALEXIA SALAS

Las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de San Pedro del Pinatar denuncian un trato de «acoso» por parte de la nueva empresa adjudicataria. «Nos llaman de forma intimidatoria, se presentan sin identificarse en la puerta de los usuarios y nos hacen constantes llamadas», se quejan las empleadas sobre lo que consideran «represalias por las denuncias que hicimos de nuestra situación».

Las seis auxiliares de ayuda a domicilio coinciden en la pérdida de derechos que, según ellas, han sufrido con la nueva contrata, que el Ayuntamiento formalizó el pasado febrero. Aseguran que la mercantil no les ha respetado la antigüedad laboral, a pesar de que una de ellas cuenta con más de cuatro años en el servicio, otra tres años y el resto aproximadamente un año. Según exponen, tampoco les ha pagado todos los fines de semana trabajados y, además, afirman que la empresa ha contratado a personal nuevo para impedirles realizar trabajos en los días festivos, a pesar de que tienen derecho según el convenio.

A la situación de malestar se une las amonestaciones a una de las trabajadoras. «Me amonestan por no llevar el uniforme, cuando solo nos han dado la parte de arriba de uno de ellos, aunque tendríamos que tener al menos dos para cambiar a diario», explica la auxiliar. A la pérdida de remuneración que han sufrido se une el pago de la gasolina para los desplazamientos entre los domicilios de los usuarios, que las empleadas tienen que poner de su bolsillo. Con una media de cinco usuarios por auxiliar, la alta movilidad les supone una merma del salario, que no les reponen.

La empresa niega las acusaciones y CC OO estudia plantear un conflicto colectivo

Creen, además, que la planificación del servicio perjudica a los usuarios, ya que no contempla ni un solo minuto para el desplazamiento, de modo que los dependientes tienen que perder tiempo de atención que, sin embargo, tienen concedido y financiado por el Estado. Al no programar intervalos entre una atención y otra, las empleadas no solo carecen de un mínimo descanso sino que les impide completar el tiempo autorizado a cada dependiente.

«Tampoco nos dejan llamar a los usuarios con nuestros teléfonos -una de las causas de una amonestación-, a pesar de que a veces se hace necesario porque no nos abran la puerta o, simplemente, para saber si necesitan algo en alguna ocasión en que se encuentran peor y nos dejan preocupadas», explican las auxiliares. Consideran que la elevada demanda de usuarios dependientes del servicio no se está atendiendo, lo que ocasiona situaciones de desatención en algunos ancianos del municipio.

«Hay usuarios que llevan más de dos años esperando a que vayan a valorarlos. Al no recibir respuesta, malviven y en ocasiones terminan en el hospital con desnutrición y una salud precaria», explican las auxiliares.

La empresa Axial, adjudicataria del servicio, niega cualquier situación de acoso o perjuicio para las trabajadoras. «No ha habido subrogación porque el técnico municipal entendió que las empleadas no tienen derecho, de modo que no tenemos obligación, pero aún así se les ha respetado la antigüedad», asegura el gerente, Eugenio Delgado. Afirma que en la próxima nómina ya aparecerá la antigüedad, aunque las trabajadoras no están de acuerdo con las fechas.

Sobre la gasolina, el gerente adelanta que «lo hablaremos con la trabajadora social para ver si está en el convenio». Señala que las auxiliares «nos están poniendo entre la espada y la pared y no es la mejor manera de empezar a trabajar en una empresa», aunque reconoce que «el servicio funciona correctamente y no hay ninguna queja de los usuarios».

En defensa del convenio

«Ellas no trabajan fabricando tornillos, sino con personas», afirma Julián Martínez, miembro de CC OO, que denuncia que «la empresa incumple el convenio vigente al no reflejar ni la antigüedad ni el kilometraje». Espera que el Consistorio «subsane los errores y rectifique el trato a las trabajadoras. Si no, plantearemos un conflicto colectivo con el Ayuntamiento y la empresa», afirma. Además, este sindicato convoca para el jueves 10, a las 19 horas, en el Ayuntamiento de Cartagena, una concentración «en defensa del convenio».

Para el portavoz del PSOE, José Lorenzo Martínez, «la deficiente gestión de la Ley de Dependencia, no solo por el trato que se da a las trabajadoras, sino por mirar hacia otro lado y no atender a personas que lo necesitan, nos lleva a pedir dimisiones de las concejales del área». La edil de Servicios Públicos, Ángela Gaona alegó que «creía el tema ya solucionado». La edil indicó que «se trata de un servicio importante para el Ayuntamiento»; y aseguró que «debe intervenir en el correcto funcionamiento».

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