La mala gestión en Los Urreas obliga a las empresas a pagar la urbanización 30 años después

El suelo del polígono industrial de Los Urreas quita el sueño a sus propietarios. Una gestión urbanística irregular y salpicada de lagunas administrativas lastra la actividad de las empresas instaladas en el principal núcleo industrial de San Javier, con 126.964 metros cuadrados. Para obtener licencia municipal para cualquier ampliación, reforma o venta, se enfrentan a la exigencia de pagar elevados avales para garantizar los gastos de urbanización -viales y demás servicios- por realizar, a pesar de que el polígono situado en el extremo oeste del casco urbano -hacia la carretera de Sucina- cuenta con al menos 30 años de actividad.

«Han pedido cantidades tan elevadas para una licencia de actividad que ha hecho que algunos empresarios se fuesen a otras zonas», afirma el abogado urbanista contratado por los afectados -unos 60 empresarios y vecinos- para defender sus derechos, Rafael Castaño. Uno de los últimos «sablazos» legales es el que ha tenido que pagar la empresa Rocamer para construir en el polígono el tanatorio, que planea inaugurar el próximo diciembre: 60.000 euros solo de aval.

Barullo administrativo

Otros han preferido no mover un ladrillo para evitarse la «sorpresa» burocrática, pero el malestar entre los propietarios instalados en los 57.400 metros de la zona 3a, la única afectada de las tres unidades industriales, ha sido creciente ante la incertidumbre de cuánto les costará desbloquear el barullo administrativo.

¿Dónde está el origen del problema del suelo que pisan?. Según la Concejalía de Urbanismo, «en Los Urreas se fueron dando licencias de forma aislada hasta que se cubrió por completo el polígono. La parte inicial del desarrollo se realizó cuando aún no existía la ley que obligaba a ceder el 10% del aprovechamiento del suelo, algo que sí hicieron en las fases sucesivas». Reconoce que el polígono se tenía que haber urbanizado y cedido las calles al Ayuntamiento. «Los propietarios del suelo inicial no hicieron una gestión adecuada del suelo», indica el concejal de Urbanismo, Antonio Luengo, quien reconoce que «la ley permitía dar licencias si se cobraba un aval que garantizara los gastos de urbanización».

La consulta a la Comunidad Autónoma ha dictaminado que «no es necesario que los dueños cedan el 10% del suelo, pero sí deben encargar y pagar un proyecto de urbanización con los servicios que falten, y realizarlos, para que el Ayuntamiento recepciones los viales». A su favor los industriales cuentan con que el polígono dispone ya de servicios de agua, electricidad y algunos viales. «Sí hay que adecuar aceras, pavimento, zonas verdes y reponer alumbrado», recuerda el edil. «Lo que hayan adelantado se les descontará», avisa.

Algunos propietarios no lo ven tan claro. El dueño de Pinturas Baños, Felipe Baños, aclara que «soy de los primeros en instalarme y tengo todas las licencias, pero a mí nadie me dijo que tenía que ceder nada». «No nos dan la solución y necesito saber cuánto me va a costar, porque igual tengo que vender la nave para pagar al Ayuntamiento, que está dejando esto en un vacío», se queja el veterano industrial. No entiende cómo «en cambio sí nos cobra el IBI y todo». Hasta que no conozca las condiciones no piensa en sumarse a la Junta de Compensación.

Sí se ha integrado en la comisión la empresaria Alicia Alcaraz, gerente de la fábrica de plásticos: «No estoy de acuerdo en cómo nos han planteado la solución. En vez de decirnos las necesidades, tenemos que hacer el proyecto. Luego si hay que pagarlo lo pagaremos o denunciaremos». Los que llevan más tiempo en el polígono no ven bien que nadie les informara de la situación en tantos años, ya que muchos simplemente compraron una nave. Algunos creen que «el Ayuntamiento no hizo las cosas bien y ahora se lava las manos».

Todos coinciden, sin embargo, en que «necesitamos una solución». El propietario de Villaescusa Sport, Francisco Villaescusa, cree que «nos ha pillado por sorpresa, pero es subsanable con la responsabilidad de todos. Un gasto imprevisto viene mal a todos pero hay que poner buena voluntad». El empresario considera que «todos tenemos responsabilidad: si yo tengo esa carga tal vez es que no me informé, y también que el Ayuntamiento dejó cosas sin hacer».

«Una desidia heredada»

Para el portavoz del PSOE, José Ángel Noguera, «los empresarios necesitan que se resuelva cuanto antes de la manera menos gravosa para ellos». El portavoz de Ganar-Izquierda Unida, Matías Cantabella, lo ve «un problema de la desidia urbanística heredada de años anteriores». Cree que «la solución planteada es positiva porque los dueños se ahorran ceder el 10% del suelo y solo tendrán que pagar lo que queda por hacer».

Para el portavoz de C's, Antonio Murcia, «no se comprende que el Ayuntamiento haya dejado tanto tiempo sin resolver, pues ha dado lugar a que haya propietarios terceros que han comprado de buena fe». Aboga por una solución consensuada para que «deje de afectar al desarrollo industrial del municipio».

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