La Verdad

El interventor pone reparos al pago de 2,7 millones en facturas

  • En un informe alerta de que no se había seguido la Ley de Contratos del Sector Público con las empresas que facturaban por servicios municipales

«No se han seguido los trámites preceptivos para su adjudicación». Es lo que advertía el interventor del Consistorio de San Javier en un informe en el que ponía reparos al pago de 2,7 millones de euros en facturas a 12 empresas que prestaban servicios municipales a pesar de vulnerar supuestamente la Ley de Contratos del Sector Público. El citado documento no evitó que las facturas fuesen incluidas en la liquidación del presupuesto de 2014 y aprobadas por el equipo de gobierno del PP en el Pleno de abril.

La decisión fue adoptada por el alcalde, Juan Martínez, que el 6 de abril presentó un «informe justificativo de su actuación, en relación a aquellos gastos aprobados en contra de los reparos del interventor». El regidor se acogió a la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local para presentar un informe justificativo de dichos pagos.

Los reparos del interventor se debían a la situación contractual del listado de empresas, al no ser las adjudicatarias de los servicios que prestaban. Es el caso de una que alquiló vehículos al Ayuntamiento y otra que arrendó barredoras, y que cobraron de las arcas municipales a pesar de que un informe de la Sección de Asuntos Generales reconocía que ambas firmas facturaron «sin que se haya solicitado la tramitación de expediente de contratación alguno».

La empresa que alquiló turismos y camiones se embolsó 9.982 euros y la de barredoras 8.349. En el listado también hay una correduría de seguros, cuyo administrador único es tío del concejal de Urbanismo, Antonio Luengo, a la que se abonó 13.601 euros. El edil llegó a estar vinculado profesionalmente a esta firma, ya que en 2010 impartió una conferencia en el Día del Emprendedor de la Región y en su currículum se presentaba como jefe de mantenimiento y procesos informáticos de la correduría.

Esta firma de seguros facturó durante todo el pasado año, a pesar de que los pliegos de cláusulas administrativas para adjudicar los distintos lotes de estos servicios no se aprobaron hasta febrero de 2014 y se adjudicaron en abril de 2015. El portavoz del PSOE, José Ángel Noguera, criticó ayer que «durante un año y seis meses la empresa de una familiar del concejal ha facturado».

«Pérdidas para las arcas»

Más allá de casos particulares, el portavoz del PSOE precisó que «el problema aquí es que se ha vulnerado la Ley de Contratos del Sector Público». Noguera también apuntó que esta situación ha generado «pérdidas» a las arcas municipales. «Si esos servicios se hubiesen sacado a contratación nos habríamos ahorrado entre un 25% y un 30% en costes, en vez de haber estado pagando mes a mes a un empresa que prestaba el servicio municipal a costa de fijar ella el precio».

En el listado de doce empresas hay de asesoría jurídica, limpieza o recaudación, entre otras, cuya situación contractual viene detallada en el informe de la Sección de Asuntos Generales. La de asesoría jurídica fue la adjudicataria de este servicio, pero cuando expiró la prórroga del contrato siguió prestándolo y facturando al Ayuntamiento porque el Tribunal de Recursos Contractuales anuló el pliego de la nueva licitación en mayo de 2014. Asuntos Generales reconoce que «este expediente se encuentra en la actualidad en tramitación». Mientras, la firma facturó el pasado año otros 74.908 euros.

La empresa encargada de la recaudación, antes de que se le adjudicase el servicio en agosto de 2014, se embolsó 515.270 euros. Noguera resumió que «hemos denunciado esto durante los últimos cuatro años».