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SAN JAVIER

Procesan a 45 militares acusados de cobrar en el 'fraude de las mudanzas'

LA VERDAD

Martes, 9 de septiembre 2014, 01:49

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El 'caso mudanzas' sigue su curso judicial. Este presunto fraude millonario, que investiga el Juzgado Togado Militar Central número 2, salpica a miembros de la Academia General del Aire (AGA) de San Javier. Según publicó ayer el diario 'El Mundo', la justicia militar ha procesado a 45 oficiales y suboficiales del Ejército del Aire por cobrar falsas mudanzas. Una resolución del juzgado atribuye presuntos delitos contra la Hacienda Militar, castigados con cárcel, a un comandante, 20 capitanes, 18 tenientes y media docena de sargentos.

El juez instructor les acusa de haber urdido un fraude masivo a través de la simulación de facturas y documentos oficiales para recibir una indemnización por traslado forzoso, denominada ITR. Es un fondo nutrido por el Ministerio de Hacienda que gestiona la dirección general de Asuntos Económicos del Ejército del Aire.

Las pesquisas judiciales comenzaron a finales de 2012. La causa llegó a tener más de 150 militares investigados, pero finalmente se ha reducido a 45. Un volumen que ha llegado a repercutir en el funcionamiento de algunas unidades aéreas, ya que el Ministerio de Defensa suspendió de sus funciones a algunos de los implicados. Aunque no existe una cifra cerrada, las estimaciones del dinero presuntamente malversado podrían oscilar entre los siete y los 10,5 millones de euros, según el testimonio del principal encausado, el teniente David Hernández Calet, de 35 años y destinado en la base de Son San Juan de Palma de Mallorca.

Unos 500 euros por gestión

En la cima de la trama se encuentra el teniente Calet, al que casi todos sus compañeros implican como la persona a la que pidieron sus servicios para gestionar la indemnización. El oficial del Ejército del Aire comenzó a urdir el plan de mudanzas simuladas en la base de Cuatro Vientos (Madrid). Para ello contó con la ayuda del capitán C. B. M., según sospecha el juez.

Así, el nombre de Calet comenzó a extenderse de base en base como «el conseguidor de las mudanzas». Simulaba que tenía una empresa familiar que gestionaba el traslado de los enseres de los pilotos de Murcia a Madrid o de Sevilla a Canarias, por ejemplo. Además, se encargaba de gestionar con la autoridad competente la indemnización de 3.000 o 3.500 euros por traslado. A cambio, se llevaba unos 500 euros por cada gestión, que iban a una cuenta de su hermano para no llamar la atención.

Todo estaba perfectamente engrasado hasta que una factura no pasó el filtro del funcionario de Getafe encargado de supervisar las cuentas. Fue en uno de los tres presupuestos de mudanza que presentaba cada solicitante. Lo que el supervisor pensaba que era «un error tipográfico» de una factura acabó destapando la trama. Fue en julio de 2012 y tras una serie de indagaciones la compañía SDR mudanzas, de Madrid, denunció ante un juzgado que estaban usando su nombre para falsear facturas. Así se descubrió que había otras cinco empresas utilizadas y que el fraude en el denominado ITR era masivo.

Según explica 'El Mundo', el juez militar explica que, para convencer a la dueña de la empresa afectada de que no tirara de la manta, el principal implicado le ofreció «unas vacaciones pagadas para ella y su familia en un complejo residencial del Ejército del Aire en Canarias», además de «una importante suma de dinero (60% de sus ganancias)». En esas conversaciones el militar aseguró que falseaba anualmente en torno a medio millar de mudanzas y que lo venía haciendo desde 2008.

Los dueños de esta empresa de mudanzas llegaron a estar imputados a petición del principal acusado, pero el juez les ha eximido de responsabilidad alegando que «es finalmente gracias a ellos, que denuncian los hechos tras un breve tiempo, [...] que esta práctica defraudatoria ha podido ser descubierta». El juez sí responsabiliza al dueño de otra empresa de mudanzas, que colaboró en 13 de los fraudes y se convierte en el procesado número 46.

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