Sánchez se encamina hacia su tercer juicio al ser procesado por el 'caso Pasarelas'

Pedro Antonio Sánchez. /LV
Pedro Antonio Sánchez. / LV

El juez sostiene que hay indicios de prevaricación y falsedad por la presunta «contratación verbal» de un arquitecto para acondicionar una rambla

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

'Púnica', 'Auditorio' y, ahora, 'Pasarelas'. El expresidente del Gobierno regional y antiguo alcalde de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez, se encamina hacia el que previsiblemente se convertirá en el tercer juicio al que se vea sometido en un futuro próximo. Tras el auto de procedimiento abreviado que dictó ayer el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lorca, Antonio Morente Espinosa, ya solo un recurso pende entre Sánchez y el banquillo de los acusados, que en apariencia ocupará por los presuntos delitos de prevaricación continuada y falsedad documental.

En una resolución dictada con una celeridad desacostumbrada en los tribunales murcianos, el magistrado pone fin a la investigación de una causa que ha venido a confirmar los indicios preexistentes sobre una supuesta contratación ilegal de los servicios de un arquitecto, Martín Lejarraga, a quien el entonces alcalde lumbrerense habría encomendado en 2006 el proyecto de reforma del entorno de la rambla de Nogalte. El encargo, que según el juez se habría realizado vulnerando la normativa sobre contratos públicos, se habría efectuado de manera «verbal», por un importe que rondaba los 52.000 euros, y más tarde se habría procedido a «simular unos contratos menores» con el aparente fin de camuflar la ilegalidad y poder abonar esa cuantía al director del plan de remodelación.

En el auto, el juez Morente deja constancia de que todo este asunto se inició en febrero de 2006, cuando la Comunidad convocó entre los ayuntamientos una serie de subvenciones para actuaciones arquitectónicas, a las que concurrió el Consistorio lumbrerense. Con ese fin, Sánchez habría encomendado el proyecto a Martín Lejarraga, quien ya, en un documento de marzo de ese año, estimó sus honorarios en 52.168 euros. El presupuesto concreto para la obra ascendía a 864.502 euros.

«Se llevaron a cabo una serie de actuaciones para simular la realización de varios contratos menores»

El problema surgió cuando el Gobierno regional rechazó el propósito del Ayuntamiento de incluir en las ayudas públicas esos honorarios profesionales y se limitó a asumir el proyecto de 864.502 euros, del que se comprometió a abonar 600.000 euros. El resto, 264.502 euros, correría a cargo de las arcas municipales.

«A la vista de que en el importe no podían incluirse los honorarios del señor Lejarraga, así como que no se había procedido a contratarlo de forma correcta, se llevaron a cabo toda una serie de actuaciones a fin de proceder al abono de los referidos honorarios, simulando la realización de una serie de contratos menores», resume el instructor.

De esta forma, «el investigado Pedro Antonio Sánchez no dudó en abocarse la facultad de contratación de unos estudios previos que en realidad no fueron realizados» y, seguidamente, «en dar apariencia de legalidad» a una serie de hasta cinco facturas por trabajos técnicos, todos ellos por un importe que no sobrepasaba los 12.000 euros de tope para los contratos menores.

«No es creíble»

Aunque el arquitecto manifestó en el juzgado que los diferentes y sucesivos documentos sí se realizaron en su día, el magistrado considera que tal declaración «no es creíble», sobre todo teniendo en cuenta que en apenas mes y medio habría tenido que contratar y elaborar un estudio previo, un anteproyecto y un proyecto. Más aún, afirma el instructor, si se admitiera que tales estudios se elaboraron realmente, «se habrían hecho con anterioridad al supuesto encargo, lo que demostraría aún más la ilegalidad de la contratación».

Otro dato que refuerza las sospechas de que se trató de un troceamiento de trabajos es que Lejarraga acabó cobrando 54.400 euros, una cantidad casi idéntica al presupuesto global de 52.168 euros que presentó en marzo de 2006.

Por todo ello, el magistrado cree que hay base suficiente para seguir adelante con el procedimiento, hasta desembocar previsiblemente en una vista oral, por presuntos delitos de prevaricación continuada y falsedad documental. Aunque el primero solo lleva aparejadas penas de inhabilitación, el segundo puede ser castigado hasta con hasta tres años de prisión. El auto es recurrible en reforma y en apelación.

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