Sánchez concibió un «designio criminal» para camuflar el desfase en el Auditorio

Pedro Antonio Sánchez, rodeado de guardaespaldas y periodistas, el pasado 6 de marzo, tras prestar declaración ante el magistrado Pérez-Templado. / G. Carrión/ AGM

El juez le atribuye prevaricación, fraude a ente público y fraude de subvenciones y lo encamina de nuevo hacia el banquillo

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

«Este instructor no quiere entrar en averiguaciones y se limita a la constatación de un hecho con suficiente entidad penal: al alcalde le dan seis millones de euros de dinero público para construir un auditorio y, menos cumplir esta finalidad, hace lo que le place, con grave daño a todos los españoles que de una y otra forma llevamos años pagando estos desvaríos». Valga esta frase, construida de su puño y letra por el magistrado Julián Pérez-Templado, para resumir la forma y el fondo del auto de procedimiento abreviado que ayer dictó por el llamado 'caso Auditorio' y por el que vino a procesar a Pedro Antonio Sánchez, expresidente del Gobierno murciano, máximo responsable del PP regional y diputado en la Asamblea, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a ente público y fraude de subvenciones.

La resolución del magistrado de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), por la que se pone término a la investigación judicial y que encamina de forma casi irremisible a Sánchez hacia el banquillo, se basa en tres circunstancias muy concretas del proceso administrativo para levantar el Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras: la obtención de la subvención, que se habría realizado «de manera falsaria y sin cumplir la finalidad» prevista; la contratación del arquitecto director de las obras, Martín Lejarraga, que se habría efectuado 'a dedo' y de forma completamente «irregular», y la redacción de un proyecto modificado, que se habría concebido con el único fin de camuflar la evidencia de que el centro cultural no se iba a acabar.

Las fechas clave
16/6/2006
El alcalde Pedro Antonio Sánchez remite una memoria justificativa a la Dirección General de Cultura para informar de la necesidad de construir un auditorio en su localidad y acompaña un anteproyecto del arquitecto Martín Lejarraga.
18/12/2006
La Consejería de Cultura responde a Sánchez que le ha concedido una subvención de seis millones de euros.
Noviembre de 2006
Sánchez y Lejarraga mantienen una reunión en San Esteban con el entonces presidente Valcárcel en la que le dan a conocer el proyecto de auditorio. La nota oficial deja constancia de que Lejarraga es el autor del proyecto.
26/12/2006
La Junta de Gobierno Local aprueba el proyecto básico de Lejarraga pese a que no se había convocado concurso de ideas ni abierto un proceso de licitación para la redacción del proyecto.
17/12/2007
Sánchez convoca un concurso de ideas tras las protestas del Colegio Oficial de Arquitectos por la aparente adjudicación 'a dedo' del proyecto.
14/1/2008
El jurado declara ganador al arquitecto Lejarraga.

El auto no es firme, ya que caben recursos ante el propio magistrado y ante la Sala del TSJ. Cuando adquiera firmeza, si no acaba siendo revocado por otro de carácter exculpatorio, bastará con que la Fiscalía o alguna de las tres acusaciones privadas formule un escrito de acusación para que el hoy presidente regional del PP se vea arrastrado a juicio. Una circunstancia idéntica a la que en estos momentos vive respecto del denominado 'caso Púnica', pues se encuentra también procesado por tres delitos -fraude, cohecho y revelación de información reservada- y a una previsible confirmación de esa resolución le seguiría la apertura de juicio oral.

Proyecto: «Antes de que se convocara el concurso de ideas ya se había publicado a bombo y platillo la adjudicación a Martín Lejarraga»

Objeto de la subvención: «El frustrante resultado final es que tenemos una escuela de música, salón de exposiciones y aparcamiento, que está muy bien, pero no se consigue el auditorio»

Obras sin acabar: «Al alcalde le dan seis millones de dinero público para construir un auditorio y, menos cumplir esa finalidad, hace lo que le place, con grave daño a todos los españoles que llevamos años pagando esos desvaríos»

Cambio de proyecto: «El modificado buscaba la fraudulenta regularización del desfase presupuestario»

Si en la 'Púnica' su suerte está ligada a su asesor, David Conesa, en el 'caso Auditorio' tendrá que pasar el trance junto al arquitecto Martín Lejarraga y al representante de la empresa Ecisa, que fue la que se adjudicó las obras del centro cultural. Ambos han sido igualmente procesados por presuntos delitos de prevaricación o, en su caso, de fraude, como cooperadores necesarios. El magistrado les atribuye haber pergeñado y ejecutado en 2009, junto al entonces alcalde lumbrerense Pedro Antonio Sánchez, un «designio criminal» para tratar de «justificar lo injustificable»; esto es, que la construcción del Teatro-Auditorio no se iba a acabar. De ahí que se inventaran «un tan extravagante, injustificado y arbitrario» modificado del proyecto inicial, con el que se trataba de explicar ficticiamente que solo se hubieran realizado el 61,96% de las obras.

LOS DELITOS QUE LE IMPUTAN

PREVARICACIÓN CONTINUADA. 15 años de inhabilitación. El delito de prevaricación está regulado por el artículo 404 del Código Penal y castiga con penas de entre 9 y 15 años de inhabilitación a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. En este caso, el presunto delito está en relación con el artículo 74, que establece que la pena se impondrá en su nivel más alto para quien haya cometido el delito de forma continuada.

FRAUDE A ENTE PÚBLICO. 6 años de prisión. El delito de fraude a ente público está regulado por el artículo 436 y castiga con penas de tres a seis años de prisión y hasta diez años de inhabilitación «a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público».

FRAUDE DE SUBVENCIONES. 5 años de prisión. El delito de fraude de subvenciones está regulado por el artículo 308 y castiga con penas de uno a cinco años de prisión «al que obtenga subvenciones o ayudas de las administraciones públicas en una cantidad o por un valor superior a 120.000 euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido», o bien destine más de 120.000 euros de los mencionados fondos a un fin distinto del que motivó la ayuda.

Una aparente maniobra que el instructor insiste en afirmar que solo «buscaba la fraudulenta regularización, contra los intereses públicos, del desfase presupuestario» y que, en suma, llevaba a la práctica «la concertada defraudación de los fondos públicos».

Visto el relato del juez, resulta evidente que los tres principales argumentos de las defensas para tratar de evitar lo que ayer se produjo -la atribución formal de delitos- y buscar el archivo de diligencias no han servido de mucho: que los seis millones están invertidos en el edificio, que el objeto de la subvención era construir un centro cultural y eso se cumplió y, por último, que existía una sentencia de un juzgado de lo Contencioso que avalaba la legalidad del proceso.

Pérez-Templado asume que el dinero de la subvención -«que no se nos olvide, mil millones de las antiguas pesetas», advierte- «estará mejor o peor invertido -sin duda peor-, pero lo está, sin perjuicio de otras averiguaciones que pudieran derivarse de la pieza separada» que instruye un juzgado de Lorca. Por ahí, con esa leve reserva, le da la razón a los abogados defensores.

También admite que la sentencia de la jurisdicción contenciosa «favorece al acusado», aunque inmediatamente después sostiene, con cierta ironía, que «sus efectos sanadores no afectan tanto al señor Sánchez como a otros meros colaboradores», que sí han sido exculpados. Así, explica que la resolución avalaba la convocatoria de un concurso de ideas sobre el Auditorio, pero a la vez advertía, «de manera muy aguda, de las posibles irregularidades previas que se pudieran haber cometido y, más en concreto, el designio de que el ganador y a la postre ejecutor de todo el proyecto fuese el señor Lejarraga».

Pérez-Templado afirma que la adjudicación del proyecto a este profesional se hizo «al margen y con infracción consciente y voluntaria de los más elementales procedimientos administrativos» y que ese «designio criminal» -supuesto plan para otorgarle 'a dedo' el diseño y dirección de las obras del Auditorio- «fue exteriorizado repetidamente y sin recato en medios oficiales y de comunicación social» y se articuló a través de una serie de actos puntuales: «el encargo verbal y al margen de cualquier expediente de contratación pública de hasta tres proyectos y la revelación por el entonces alcalde al proyectista de datos precisos sobre el proyecto», entre otras supuestas irregularidades, que se tradujeron en «un quebranto de los más elementales principios de objetividad, igualdad de concurrencia y transparencia».

Esa supuesta adjudicación irregular del proyecto es la que determina la acusación de prevaricación continuada contra Pedro Antonio Sánchez, que además se libra de verse acusado de revelación de información confidencial porque el juez cree que este delito está subsumido en el anterior.

Por lo que se refiere al delito de fraude de subvenciones, el instructor considera que ha quedado constatado que, al enterarse de que existía dinero disponible en la Consejería de Cultura para una subvención, presentó con urgencia un anteproyecto ficticio, basado en un terreno, junto a la rambla de Nogalte, que el propio Sánchez admitió que «no valía al tratarse de terreno inundable». Ese proyecto, que llegó a presentar hasta tres veces ante Cultura, fue luego cambiado por otro totalmente distinto, con mucha más superficie y en otro suelo diferente, con la lamentable consecuencia de que «dejó el Auditorio a medias». Dicho de otro modo, «el frustrante resultado final es que tenemos una escuela de música, un salón de exposiciones y congresos y un aparcamiento, y todo esto está muy bien, pero la finalidad de la subvención, que era construir un auditorio, no se consigue».

«Y no tiene empacho el exalcalde -concluye el magistrado- en afirmar que no se terminó la obra porque se acabó el dinero». Porque, claro, advierte de que si al menos el auditorio estuviera construido, tantas y tan diversas presuntas irregularidades probablemente habrían quedado circunscritas el terreno de lo administrativo. Y no se encontraría ahora el expresidente recorriendo el proceloso camino hacia el banquillo.

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