La renuncia de las víctimas de maltrato a declarar lleva a sobreseer casi 180 casos

La renuncia de las víctimas de maltrato a declarar lleva a sobreseer casi 180 casos

La Fiscalía del TSJ propone que se les obligue a prestar testimonio para evitar el archivo de las causas

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

La Fiscalía murciana lanzó ayer una advertencia y una propuesta respecto a la lucha contra la violencia de género. El fiscal jefe, José Luis Díaz Manzanera, explicó, en el transcurso de su comparecencia para desgranar los datos de la memoria anual del organismo, que la dispensa que la ley ofrece a las mujeres maltratadas para que puedan no declarar, durante el juicio, contra su pareja o su expareja -recogida en el artículo 416 del Código Penal- está provocando que muchos procedimientos acaben archivándose.

Según explicó, el pasado año los juzgados de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad cerraron 596 condenas por conformidad, sobre todo por delitos de maltrato leve. Estos acuerdos son posibles cuando el agresor está dispuesto a reconocer su culpabilidad y conllevan, en ese caso, una cierta rebaja de la pena.

Cuando no se llega a un acuerdo inicial, sin embargo, el asunto llega a los juzgados de lo Penal y ahí surge el problema. Si la víctima decide retirar la acusación o, como le permite la ley, no declarar contra su supuesto agresor la labor de la Fiscalía se complica. En estos casos, que principalmente ocurren en la esfera privada, en muchas ocasiones el Ministerio Público se queda sin más pruebas. El pasado año, en los juzgados de lo Penal de la Región hubo 245 condenas y 248 absoluciones. De estas últimas, precisó, un 75% -cerca de 180 casos- se produjeron, en contra de la petición de la Fiscalía, a raíz de esa negativa de la víctima a colaborar.

«La absolución resulta inevitable, a no ser que se cuente con otras pruebas», remarca Díaz Manzanera

Para el fiscal superior, sería conveniente promover una reforma legislativa que evitara esta situación y eliminara esa dispensa, «ya que si la víctima retira la denuncia que puso en marcha el proceso judicial y se le dispensa de declarar, que es lo que ocurre, la absolución resulta inevitable, a no ser que se cuente con otras pruebas incriminatorias».

Este cambio, sugirió Díaz Manzanera, podría comenzar con aquellas víctimas que se personan inicialmente como acusación e ir extendiéndose al resto.

Este es un asunto, explicó, que genera ciertas discrepancias dentro de la propia judicatura. El Tribunal Supremo emitió recientemente una resolución en la que consideraba que las víctimas deberían tener esa obligación de declarar.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, propuso hace unos meses en el Congreso la supresión de la dispensa de la obligación de declarar para las víctimas. Ante esta multiplicidad de opiniones, la Fiscalía regional va a plantear una consulta a la Fiscalía General para saber cómo debe actuar.

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