Los registradores alertan de más de 150 casos de posible blanqueo

Apenas el 1% de los más de 13.000 expedientes bajo sospecha llegan al Banco de España, pero el sector advierte de que el delito va en aumento

Alicia Negre
ALICIA NEGREMurcia

Son uno de los cómplices con los que cuenta el Estado para detectar el lavado de dinero. Los registradores, a través del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) -dependiente de su colegio profesional-, han comunicado en lo que va de año 140 casos con indicios sólidos de blanqueo de capitales al Banco de España. Esos expedientes, que acaban en manos del servicio ejecutivo de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias (Sepblac) -para una indagación más profunda y, en su caso, su persecución-, son el resultado de las más de 13.100 alertas que emitieron los registradores de todo el país, 152 de ellas provenientes de la Región.

«El sistema registral español tiene una especial importancia en la prevención del blanqueo de capitales, ya que son los registradores de la propiedad y mercantiles los que controlan, tanto la constitución, vida y extinción de las sociedades, como todo el tráfico mobiliario e inmobiliario en nuestro país», explica Carlos Pinilla, decano autonómico del colegio. «Al tener conocimiento de las transmisiones de bienes muebles e inmuebles que se producen, así como de las sociedades mercantiles que se constituyen y extinguen, se convierten en privilegiados observadores de un mercado que, en ocasiones, se utiliza con fines delictivos», recalca.

Desde enero a octubre, este colectivo emitió 152 alertas al Banco de España al detectar indicios de un posible lavado de dinero. De acuerdo a los datos facilitados por el colegio profesional en la Región, 62 de ellas partieron de los registros mercantiles y 90 de los de la propiedad. La cifra supone un repunte del 31% respecto a 2016, cuando los registradores murcianos detectaron 116 expedientes que les suscitaban sospechas.

Los profesionales murcianos detectaron este año un 31% más de actividades sospechosas El dinero a lavar, explica el director del CRAB, proviene sobre todo del tráfico de drogas, armas y órganos

Pinilla explica que no pueden determinar cuántas de las 152 alertas transmitidas por los registradores murcianos se acabaron transformando en algunos de los casos que llegaron hasta el Banco de España. Desde 2010, a estos profesionales se les exige por ley el desarrollo de labores preventivas. Lo mismo ocurrió con los notarios a partir de 2005.

Estos profesionales ponen especial celo en la vigilancia de aquellas operaciones o procedimientos que por sus características pueden permitir introducir dinero de procedencia ilícita en el ciclo de la economía legal con el fin de ocultar su origen y darle apariencia de legalidad. Pinilla explica que los indicios que les pueden poner sobre la pista de uno de estos casos de blanqueo son múltiples. En el ámbito mercantil, por ejemplo, relata, se consideran indicios de posible blanqueo de capitales «la intervención en operaciones societarias de personas físicas o jurídicas residentes, nacionales o constituidas en paraísos fiscales, la utilización en dichas operaciones de medios de pago procedentes de jurisdicciones de riesgo o la constitución de más de tres sociedades cuando, al menos, uno de los socios sea la misma persona física o jurídica».

En los registros de la propiedad, por su parte, puede saltar la alerta ante «la transmisión inmobiliaria o constitución de derecho real por persona residente o nacional de paraíso fiscal o la cancelación de préstamos hipotecarios de cuantía superior a los 300.000 euros dentro de los dos años siguientes a su constitución». El decano de los registradores hace hincapié en que, aunque estos indicios pueden revelar, en ocasiones, la existencia de una irregularidad, las alertas que emite el sector deben ser sometidas, más tarde, a un análisis más pormenorizado por parte de su Centro Registral Antiblanqueo para determinar que, efectivamente, el caso oculta algo raro y no se va hacer trabajar en balde al Banco de España.

En lo que va de año, en todo el país, los registradores emitieron 13.136 alertas ante sospechas de un presunto lavado de dinero. El número es algo inferior al registrado a lo largo de todo 2016, cuando el sector puso el foco en unos 16.000 casos. De ellos, apenas el 1% llegaron a convertirse en expedientes dirigidos al Banco de España. El resto se archiva por si, en un futuro, surgen nuevos datos que permitan afianzar esas dudas.

También la cifra de casos con indicios ya sólidos que el sector ha dejado en manos del Sepblac ha disminuido. Este año han sumado 140, apenas una tercera parte de los 450 que se transmitieron al Estado el pasado año. La explicación a este bajón, según aclara el sector, es que el organismo del Colegio discrimina mejor y es capaz de acotar con mayor precisión los asuntos en los que los indicios son más evidentes. En cualquier caso, el director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), José Miguel Masa, indica que los delitos por lavado de dinero «van en aumento».

El dirigente de este organismo, nacido en 2015, explica que el dinero que se trata de lavar en estas operaciones proviene, principalmente, del tráfico de drogas, de armas y de órganos. Este último, aclara, aunque más desconocido, «es una de las más importantes fuentes de obtención de fondos». Masa incide, además, en la importancia que este fenómeno tiene en la sociedad actual. «Basta leer un periódico o ver un informativo de televisión para constatar que cada día el blanqueo de capitales es una realidad en nuestro país y en nuestro entorno».

El director del CRAB hace hincapié en la necesidad de perseguir este delito, primero, por «la injusticia» que supone para aquellos ciudadanos que sí cumplen rigurosamente con el fisco. Además, subraya que esta lucha y la divulgación de sus resultados desincentiva a los delincuentes.

Este organismotambién colabora en las fases de persecución del delito. De hecho, hasta el mes de octubre de 2017, el organismo suministró cerca de 400.000 informaciones solicitadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, el Banco de España, la CNMV y las autoridades judiciales.

En los últimos años, la Región ha sido testigo de algunos grandes golpes contra el lavado de dinero. Uno de los más contundentes fue, sin duda, la 'Operación Lila', que logró desmantelar el mayor fraude fiscal, del que se tiene constancia, cometido con billetes de 500 euros. Esta trama se descubrió por una operación inmobiliaria fraudulenta de compra de tres fincas en Molina de Segura, que incluía la entrega de 17.320 billetes de color lila.

La 'trama del oro' -en la que los murcianos Luis Nicolás Mateos y Sergio Alarcos de las Cuevas aparecen como dos de los presuntos líderes de sendas ramas delictivas- investiga desde el año 2012 varias organizaciones supuestamente delictivas vinculadas a la compraventa de oro y otros metales preciosos, con diversas conexiones entre ellas y también en ámbitos internacionales, que habrían estado violando la legislación sobre esa actividad. Además, se indagan delitos de blanqueo de capitales de procedencia ilícita, como estafas realizadas por bandas nigerianas o de Ghana, que estarían aprovechando la red de sociedades de la 'trama del oro' para lavar grandes cantidades de dinero. Hasta 100.000 euros mensuales.

De acuerdo a los datos de la Fiscalía, en los últimos años se desplomaron las investigaciones sobre blanqueo de capitales que quedaron en manos de este organismo a nivel regional. Pasaron de 82 en 2014 a 13 en 2016. Las grandes investigaciones en las que se sospecha de un presunto lavado de dinero acaban derivándose, sin embargo, a la Fiscalía General. Esta advertía, en su última memoria, de que «la propia complejidad de los montajes jurídicos-económicos empleados por los delincuentes y la habitual utilización de los paraísos fiscales o territorios no cooperantes (...) son algunas de las notas presentes en la moderna corrupción».

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