Un hombre pasea por delante de una pintada contra el presidente luso. / H. Correia (Reuters)
El Gobierno portugués anunció a última hora de ayer que el Consejo de Ministros decidió aprobar una subida de impuestos al capital y algunos bienes de lujo, medida dirigida a incrementar sus ingresos fiscales y reducir el déficit público. En un comunicado, el Ejecutivo conservador luso informó de la entrada en vigor inmediata de estas alteraciones legislativas, que fueron anunciadas la semana pasada por el Ministerio de Finanzas y que continuarán también en 2013.
Las medidas incluyen un aumento de la tributación sobre los rendimientos del capital y las plusvalías generadas con la compraventa de acciones, que subirán del 25% actual al 26,5%. También pagarán más impuestos los propietarios de inmuebles con un valor superior al millón de euros, aunque el Ejecutivo luso no precisó en qué porcentaje exactamente.
Portugal elevará igualmente la carga fiscal que penaliza las transferencias para paraísos fiscales, aunque se desconocen los términos exactos, y que hoy se sitúa en el 30%. "Estas medidas son fundamentales para reforzar el principio de equidad social en la austeridad, garantizando un más efectivo reparto del esfuerzo de ajuste por todos y no sólo por los que viven del rendimiento de su trabajo", destacó la nota del Ejecutivo.
Además, el Gobierno incidió en que reforzará los controles sobre la fuga de capitales y endurecerá las sanciones a quienes no cumplan la ley. Los conservadores lusos anunciaron estos nuevos ajustes la semana pasada, apenas unos días después de informar de la subida de las contribuciones a la Seguridad Social de todos los trabajadores, medida que ha provocado una fuerte contestación a nivel político, económico y social.
El ministro de Finanzas avanzó que también se está estudiando aumentar los impuestos que gravan el salario, aunque precisó que no se tocará la tasa máxima, que en Portugal se sitúa en el 46,5% para quienes ganan más de 150.000 euros al año. El país atraviesa dificultades para poder cumplir con los compromisos adquiridos como contrapartida por su rescate financiero, en materia de reducción del déficit público, pese a que las metas fueron flexibilizadas recientemente por la caída de ingresos fiscales, del orden del 3,5% y más fuerte de lo previsto inicialmente
