Carlos Dívar ha decidido alargar su agonía hasta el próximo jueves. Entonces se sabrá si el presidente del Consejo General del Poder Judicial y el máximo responsable del Tribunal Supremo dimite. Sus colegas, claro, ya han reaccionado ante esta primera decisión de Dívar.
Ángel Dolado, portavoz del Foro Judicial Independiente: "El aplazamiento hasta el jueves no tiene ni pies ni cabeza. Es intolerable que Dívar presida el lunes junto al rey los actos institucionales de conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo. No tiene sentido que presida los actos cuando no tiene el apoyo de nadie".
Antonio Roma, portavoz de la Asociación de Fiscales: "Lo importante es que el organo de gobierno de los jueces funcione en condiciones y que la dimisión llegue antes o después.
Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia: "Debía haberse acordado su renuncia hoy mismo para no seguir dañando la imagen y credibilidad de la institución y porque no gozaba ya de la confianza de la mayoría de los vocales del CGPJ. Se está produciendo una situación de grave daño a la imagen y credibilidad del Poder Judicial ante la confusión de lo que eran gastos personales que habían sido abonados con fondos públicos. A partir de ahora, con la renuncia de Dívar, se debe producir una regeneración ética en la cúspide del Poder Judicial que devuelva la credibilidad de los ciudadanos".
José Luis González, portavoz de la asociación de jueces y magistrados 'Francisco de Vitoria': "La dimisión es la mejor solución. Era un clamor dentro de la carrera judicial que la mejor solución, tanto a nivel personal para evitar el sufrimiento que está padeciendo como en el ámbito institucional, es que Dívar se vaya voluntariamente. Lo importante son las gravísimas carencias que tiene la administración de justicia y que no se solucionan con situaciones como esta".
Pablo Llarena, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura: "Tanto la dimisión como la permanencia en el cargo del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, son malas salidas porque ambas generan una pérdida de credibilidad en las instituciones. La cuestión de los gastos abusivos debería haberse corregido a nivel interno, en lugar de abordarla comprometiendo a la Fiscalía y al Tribunal Supremo y generando una efervescencia en la opinión pública".
