El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los datos de ejecución presupuestaria de 2009 y de enero de 2010. / Efe
Los sindicatos no tienen noticias
Desde que empezó la crisis, el Gobierno está evitando hablar de lo que algunos analistas consideran inevitable si realmente se quiere atajar el défict: la congelación del sueldo de los funcionarios. La decisión que en esa dirección adoptó el Ejecutivo de Aznar ha sido usada en numerosas ocasiones por los socialistas para marcar distancias. Siempre la han puesto de ejemplo de lo que ellos no harían. Hasta hoy; el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha advertido de que está sobre la mesa la revisión del acuerdo salarial de los empleados públicos dentro de la negociación sindical para asegurar un descenso del 4% en el gasto de personal para 2013 y hacerlo coherente con el plan de austeridad que se ha marcado el Gobierno.
En la conferencia de prensa en la que daba los datos de ejecución presupuestaria, Ocaña ha señalado que el coste de 120.000 millones que suponen los salarios de los empleados públicos debería reducirse en ese 4% en 2013. El pasado 25 de septiembre, el Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF firmaron el acuerdo para la Función Pública 2010-2012, que afectará a más de 2,6 millones de empleados públicos de todas las administraciones y que contempla una subida salarial del 0,3% el primer año, así como una cláusula de revisión salarial.
Menos personal
Ocaña ha insistido en que para obtener esa reducción del 4% el instrumento principal será cubrir solo una de cada diez vacantes. En cualquier caso, señalaba que el acuerdo con los sindicatos deberá adaptarse a esa reducción del capítulo del gasto de personal, si bien ha subrayado que el aumento salarial del 0,3% de este año estaba garantizado.
Además, Ocaña ha defendido la necesidad de una reforma laboral ambiciosa, "que cambie las expectativas y la sensación de estar condenados a tener parados mucho tiempo". A su juicio, esa reforma es una de las prioridades del Ejecutivo, junto con la reducción del déficit y la reestructuración del sistema financiero.
