Una quincena de ayuntamientos no cumplen con el Tribunal de Cuentas

Murcia se sitúa como la tercera comunidad con mayor porcentaje de consistorios que ocultan sus balances al organismo

EPMURCIA

El Tribunal de Cuentas ha denunciado que hace ya 14 años, desde 2003, viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas. El tribunal denuncia que, año tras año, un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

Murcia es la tercera comunidad autónoma en la que los consistorios son más incumplidores, de acuerdo con los datos facilitados por este organismo. Un 37% de ellos, más de un quincena, ocultan sus balances al tribunal. El mayor incumplimiento se registra en Andalucía (66%), seguida de Castilla-La Mancha (38%), según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80% y el 90%. Solo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas.

Las entidades locales están obligadas a enviar al tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: solo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, solo el 10%.

Año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio tribunal. Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como «indispensable» para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de hace 14 años es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque «la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales».

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