'Púnica' toma el camino de la Audiencia Nacional y el 'caso Auditorio' regresará a Lorca

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional al que retornará el 'caso Púnica'. / EFE
Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional al que retornará el 'caso Púnica'. / EFE

La renuncia de Sánchez a su acta de diputado le priva del aforamiento y provoca que las dos causas de supuesta corrupción retornen a los instructores originarios

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

La renuncia al acta de diputado autonómico, que el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez anunció ayer ante la Asamblea Regional, se ha producido sobre la campana. Prácticamente en el último segundo de esta 'partida' judicial que desde hace un par de años viene librando en varios órganos de la Administración de Justicia de Murcia. De haberse dictado auto de apertura de juicio oral, que era el siguiente -y prácticamente inminente- trámite que tiene que cubrir la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el 'caso Púnica', ya nada ni nadie podría haber evitado que fuera juzgado por el más alto tribunal jurisdiccional de la Región.

La doctrina del Tribunal Supremo sobre los casos de pérdida de la condición de aforado cuando los procedimientos están ya formalmente concluidos establece -tal y como se recoge en la sentencia 869/2014, de 10 de diciembre, referida al conocido como 'caso Fitur'- que es precisamente ese auto, el de apertura de juicio oral, el que marca la frontera entre si el procedimiento se debe mantener en el órgano en el que se encontraba o si debe ser devuelto al juzgado predeterminado por la ley para quienes no gozan de aforamiento.

En el caso concreto de Sánchez, el hecho de que haya venido gozando de ese fuero especial, debido a su doble condición de presidente regional y diputado en la Asamblea, es lo que determinó que tanto el 'caso Púnica' como el 'caso Auditorio' acabaran en manos del TSJ, ante cuya Sala de lo Civil y de lo Penal estaba previsto que fuera juzgado sucesivamente por ambos asuntos en los próximos meses.

Los juicios no se celebrarán antes de finales de 2018 o los primeros meses de 2019, como muy pronto

Con su dimisión como presidente murciano, el pasado abril, y ahora como parlamentario, pierde por completo el fuero y, con ello, el TSJ se despoja automáticamente de su competencia para enjuiciarle. Solo la habría conservado si ya hubiera dictado el auto de apertura de juicio, en un caso o en otro, o incluso en ambos, que es algo que todavía no había ocurrido. De esta forma, el sumario de la 'Operación Púnica' retornará en breve a la Audiencia Nacional, en la que se inició la investigación contra esta presunta trama corrupta. En ese órgano judicial continúa, además, la pieza referida a otra supuesta rama murciana, que es la que afecta a la Consejería de Industria y Turismo, dirigida en su día por Juan Carlos Ruiz, y en la que una veintena de imputados están pendientes de que se les lleve a juicio.

Previsibles retrasos

Por lo que se refiere al 'caso Auditorio', este asunto comenzó a ser investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca, al que retornará previsiblemente para abrir el trámite de calificación al fiscal, a la acusación popular y a las defensas, y seguidamente se procederá a abrir juicio y a remitir la causa a la Audiencia Provincial para que señale la fecha de la vista oral.

Todos estos trámites se traducirán previsiblemente en un retraso en la resolución de ambos asuntos, porque habrá que proceder a devolver las diligencias a la Audiencia Nacional y al Juzgado de Instrucción de Lorca. A ello se suma que la Audiencia Nacional y la Audiencia Provincial de Murcia, que serán las que acaben enjuiciando respectivamente los casos 'Púnica' y 'Auditorio', están bastante más saturadas de trabajo que el TSJ de la Región. De ahí que no se pueda descartar que los juicios no arranquen antes de finales de 2018 o hasta los primeros meses de 2019.

Por otro lado, la vuelta del 'caso Púnica' a la Audiencia Nacional evitará que Pedro Antonio Sánchez sea juzgado mediante un jurado popular, como reclamaba la Fiscalía. Aunque la ley establece que el cohecho y el fraude, de los que está acusado el expresidente, deben ser enjuiciados por un tribunal popular, no ocurre así cuando el juicio se celebra en la Audiencia Nacional. En este órgano está proscrita esa figura por la complejidad de las causas que suelen enjuiciarse ahí.

García Castellón rechaza 12 recursos de un solo golpe

El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien recientemente sustituyó a Eloy Velasco al frente de ese órgano judicial, notificó ayer una resolución por la que rechaza de un solo golpe un total de doce recursos, que fueron interpuestos por otros tantos imputados en una de las ramas murcianas del 'caso Púnica'.

Los mencionados recursos se habían presentado contra la decisión de ese juzgado que, el pasado febrero, señaló concretamente a la veintena de encausados que debían integrar la denominada 'pieza 3 Murcia': el exconsejero Juan Carlos Ruiz; su ex jefe de gabinete, Fidel Saura; las ex directoras generales Reyes Samper y Mariola Martínez; los empresarios e intermediarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso; el exalcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras. Esta pieza investiga si políticos murcianos iban a cargar a las arcas públicas unos trabajos para mejorar su imagen personal.

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