Procesan a un ex director general de Educación por un «contrato verbal» y queda exculpado Medina Precioso

Juan José García Martínez y Juan Ramón Medina. /LV
Juan José García Martínez y Juan Ramón Medina. / LV

El juez estima que pudo prevaricar al autorizar una obra de 108.000 euros en un instituto sin seguir el trámite legal

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Juan José García Martínez, ex director general de Centros Escolares, se encamina hacia la sala de vistas, acusado de un delito de prevaricación, como consecuencia del auto de procedimiento abreviado -el equivalente al de procesamiento- que ha dictado el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos.

El magistrado considera que la investigación ha desvelado indicios suficientes para considerar que este antiguo alto cargo fue quien, presuntamente, adjudicó «de forma verbal, saltándose el preceptivo procedimiento legal de contratación», unas obras de cableado en el Instituto Ingeniero de la Cierva de Patiño (Murcia).

Los hechos se remontan al año 2005, cuando la Consejería de Educación otorgó a la firma Trimtor las obras de ampliación de ese centro educativo por alrededor de un millón de euros. Sin embargo, una vez avanzados los trabajos se pudo constatar que faltaba el cableado de doce aulas, lo que motivó algunas protestas de los padres de alumnos.

La investigación no ha permitido determinar quién falsificó, desde la Consejería, la firma de un ingeniero

Esa circunstancia habría llevado a Juan José García a iniciar conversaciones con los responsables de la empresa Trimtor, que presuntamente derivaron en el «encargo verbal» para que instalara el cableado de esas aulas. El importe de ese trabajo ascendió a 108.000 euros.

El asunto tomó dimensión judicial después de que el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) asestara un varapalo a la Consejería por haber soslayado toda la legislación sobre contratos públicos en esa reforma. Un dictamen que aprovechó el letrado Diego de Ramón para presentar una denuncia penal contra quienes estaban al frente de Educación en ese momento.

La investigación judicial apunta, según el juez, a que fue García Martínez quien supuestamente cerró el acuerdo con la firma constructora, sin que el entonces consejero, Juan Ramón Medina Precioso -defendido por los letrados José Emilio Molina y Ana Yelo-, hubiera participado de esa decisión. La consecuencia de ello ha sido el archivo de los cargos que pesaban contra este último, a la vez que el juez procesa al ex director general por presunta prevaricación.

El auto recoge además que no ha sigo posible averiguar quién falsificó desde la Consejería una firma de un ingeniero, en un documento que había sido incluido en el expediente sobre la reforma del instituto de Secundaria Ingeniero de la Cierva. La resolución todavía puede ser recurrida.

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