La clase política es considerada por un amplio sector de la población como un problema, tal y como indican recientes estudios sociológicos. Una clase política tradicional que en lugar de trabajar incesantemente por mejorar la imagen a transmitir, parece empeñada en seguir hundiendo su valoración día tras día, y en poner de manifiesto su escasa empatía en relación a los problemas de la ciudadanía. Asistimos a la acusación y crispación constante, y con diferentes objetivos, entre otros el beneficio del partido político y todo lo que eso supone en cuanto al mantenimiento de las correspondientes redes clientelares y cuotas de influencia que garantizan el voto. Pero encontramos poco debate constructivo dirigido a la resolución de problemas concretos, que es lo exigible a unos gestores de lo público.
Bajo las acampadas del 15M y la «indignación» de la que tanto se ha hablado y escrito en las últimas semanas, subyace un sentimiento de pesimismo y resignación provocado por una sólida idea: el ciudadano es una víctima inocente que sufre miserias, frente a un político que disfruta privilegios y se tapa ojos y oídos ante los problemas de las víctimas. La idea no es del todo descabellada, y motivos hay para pensarla, sobre todo cuando el «mortal» ciudadano conoce detalles escondidos acerca de salarios, disfrutes, coches oficiales, y demás circunstancias políticas como el poder (entendido como la capacidad de influir desde el cargo ostentado, y no generalmente con encomiables fines).
Lamentablemente la atención mediática reciente se ha centrado en los «indignados» y en sus acciones (y algo en sus reivindicaciones), sin prestar apenas cobertura al estudio de la causa: los indignantes. Indignantes que han sabido tejer alrededor de ellos y de los suyos una tupida red que imprime absoluta opacidad a todo tipo de estructuras políticas, y que tiene por objeto que el ciudadano encuentre mil trabas y no tenga capacidad de obtener información, salvo la que el indignante permita y conceda (puede usted probar, estimado lector, buscando el número de empresas públicas existentes; averiguando la retribución de concejales, alcaldes, consejeros, y diputados; o tratando de encontrar el número de asesores existentes. Comprobará las dificultades a las que hago mención).
Por todo ello, desde UPyD, y convencidos de la necesidad de revertir esta perversa situación (y conscientes del papel que jugamos en la regeneración democrática), tenemos como objetivo fundamental lograr la plena transparencia en el funcionamiento y articulación de las instituciones: acceso a información relacionada con el personal, número de asesores y remuneraciones, privilegios, condiciones de contratación, partidas presupuestarias, etc.
Sabemos que no será sencillo, pero centraremos gran parte de nuestro esfuerzo en solicitar y acceder a toda la información, y por otro lado, en proponer a través de los pertinentes procedimientos las reformas necesarias para acabar con este sistema, igualmente indignante y creado a partes iguales por todos los partidos tradicionales. No hacerlo o intentarlo nos convertiría, de la noche a la mañana, en unos meros indignantes más, y no hemos venido a eso.
