Llevamos casi dos legislaturas inmersos en un proceso de reforma constitucional por la puerta trasera de las reformas estatutarias. Un proceso irresponsable que me aventuro a pronosticar que tendrá su primer traspié en el nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha. Éste tiene todas las papeletas para ser el primero en naufragar, no porque tenga difícil encaje constitucional, que eso está claro que para PP y PSOE no supone mucho problema (bueno, para el PP sólo lo supone en Cataluña, ellos sabrán por qué), sino por las tensiones interterritoriales que genera el tema estrella de esta reforma, la gestión del agua.

Eso al menos es lo que deben de pensar los líderes nacionales, castellano-manchegos, murcianos y valencianos de PP y PSOE. La hipótesis de que unos y otros dan por muerto el Estatuto de Castilla-La Mancha es la única que me permite ver cierta lógica en las declaraciones incendiarias y los silencios clamorosos con los que nuestros líderes políticos insultan a diario la inteligencia de los ciudadanos. Porque no se puede calificar de otra manera que los portavoces de ambos partidos en Castilla-La Mancha compitan por el premio a la firmeza en la defensa de las disposiciones del Estatuto relativas al agua, mientras que los de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia lo hacen por el premio a la firmeza en la oposición a esas mismas disposiciones. Como insultar la inteligencia de los ciudadanos es, y más todavía, que los líderes nacionales de ambos partidos guarden silencio o se salgan por la tangente como si la cosa no fuera con ellos.

La única hipótesis que, como he dicho, me permite entender algo de este guirigay de afirmaciones demagógicas y contradictorias es que todos sus autores están convencidos de que el polémico Estatuto no va a llegar a pájaros nuevos y que la única incógnita que queda por despejar es quién se va a quedar con la mayor parte del botín del naufragio. Es decir, si en Castilla-La Mancha logrará Cospedal que el fracaso desgaste lo suficiente al Presidente Barreda o será Barreda el que consiga que Cospedal quede como la gran culpable. Y si serán los líderes regionales del PP o del PSOE los que en Valencia o Murcia se apuntarán el tanto de haber tumbado el Estatuto. Sólo consigo encontrar un sentido a tanto despropósito si interpreto las declaraciones de unos y otros como intentos de ir tomando posiciones para quedarse con el bocado más grande de los despojos.

Es posible que esté equivocado, y, si es así, no tardarán mucho en desmentirme los hechos. En lo que sé que no me equivoco, porque es un hecho objetivo, es en que sólo un partido, Unión Progreso y Democracia, votó en contra del Estatuto en el Congreso de los Diputados, primero en el pleno y, más recientemente, en la Comisión Constitucional. Y no lo hizo porque los afiliados murcianos tengamos más influencia que los de otras regiones en los órganos nacionales del partido (lo de alardear de tener "vara alta en Madrid" lo dejamos para los políticos acomplejados de mentalidad provinciana que tanto abundan en nuestra Región). Lo hizo por coherencia con su vocación de partido nacional y con un programa electoral que dice claramente que el agua es un patrimonio de todos los españoles que debe gestionarse con criterios de Estado y que, en consecuencia, debe seguir siendo competencia exclusiva del Gobierno de España y de las Cortes Españolas. Algo que, además de estar en la Constitución, es de sentido común. Aunque, a la vista de que ya van dos veces que Rosa Díez se queda sola votando en contra, parece que, en el Congreso, en cuanto entran en juego las reivindicaciones territoriales, el sentido común se convierte en el menos común de los sentidos.