Me piden que escriba unas palabras con mi opinión sobre el asunto del atunero vasco. Lo hago de buen grado tanto en atención a la persona de quien lo ha hecho como por el medio al que van destinadas, pero confieso que tras acabar estas líneas me queda un regusto muy amargo. No voy a contarte, lector amigo mío, ningún cuento de piratas ni tampoco batallitas jurídicas. Y es que, verás, uno está ya más que harto de la inanidad de la política exterior de este Gobierno que tiene a bien despertarnos, día sí, día no, con el sobresalto, la torpeza o la ambigüedad. ¿Quosquetandem Catilina...?

Me alegro infinito de que los secuestrados estén sanos y salvos camino de sus hogares. Es lo primero que pienso. Lamento mucho que nuestro Gobierno haya tropezado de nuevo en la misma piedra que en abril de 2008. Entonces se pagó rescate a los piratas para que liberaran a la tripulación del pesquero Playa de Bakio; hoy se paga rescate por la Alakrana (más de cuatro millones de euros entre ambos para engrasar las ruedas de la piratería en el cuerno de África). ¿Por qué el Gobierno, su presidente, la vicepresidenta primera, el ministro de Asuntos Exteriores o la ministra de Defensa no han hecho nada desde abril (2008) para evitar este noviembre (2009)? Ítem más. El desenlace de este segundo tropezón es todavía más inquietante pues parece formar parte del acuerdo con los secuestradores no sólo el pago de una importante suma de dinero (que noticias de la agencia AFP han informado corre ya por Haradere, un pequeño pueblo costero somalí, en el que declaraba un comerciante que «dos piratas se gastaron en mi tienda 1.700 dólares y me aseguraron que mañana me regalarán 4.000 más para que amplíe mi negocio. Los piratas tienen la admiración de todos aquí, porque son generosos») sino también la promesa de liberar a los dos piratas que están siendo juzgados en nuestro país. ¿Cómo entender si no la inusitada celeridad que en su procesamiento se ha producido? Sería muy triste para la Justicia con mayúscula que la torpeza de traer a España a los dos piratas (a petición, se dice, del presidente de la Comunidad Autónoma del País Vasco) cuando el caso estaba abierto y el secuestro en su apogeo, nos obligue a pagar el precio de una salida poco digna respecto de los dos procesados. Porque una de dos, o se les condena a una pena inferior a seis años (lo que no es probable acusándoseles como se les acusa de 36 delitos de detención ilegal y de 1 de robo con violencia [artículos 163-164 y 242 del Código Penal]) lo que permitiría su expulsión a Somalia (artículo 89.1 del mismo) o superior en cuyo caso (aquí estaremos, señor presidente, para verlo) sólo un indulto permitiría la vuelta de los piratas a su patria (porque el que cumplieran la pena en Somalia, amén de exigir la previa concertación con este país de un acuerdo al respecto y que no fuese en fraude ley, difícilmente podría calificarse de liberación). Y a todo esto, quizás algún lector se pregunte por qué el fiscal no ha acusado a estas buenas gentes de lo que en realidad hacían (piratería). Pues no lo ha hecho, amigo mío, porque tal delito fue eliminado de nuestro Código Penal por el Gobierno de turno (socialista por cierto) y sólo cuando la reforma aprobada hace unos días por el Consejo de Ministros (presa del síndrome, podría decirse, de Penélope, la fiel esposa del astuto Ulises, que destejía por la noche lo que tejía por la mañana) entre en vigor volverá a estarlo.

Descontentos e irritados como estamos (a esa mayoría silenciosa formada por las gentes normales, con sentido común y buena fe me refiero) con toda esta inmensa chapuza, en la que incluyo el flujo gubernamental de inexactitudes y medias verdades sobre el caso y esa insufrible actitud de que los platos siempre los rompen otros y la oposición está con los piratas por sacar los trapos sucios, es importante reflexionar en la manera de evitar el que caigamos en la tentación de darle vueltas a cuál será el pintoresco nombre del próximo barco secuestrado (...). Yo no acabo de tener muy claro por qué nuestra Armada no puede ser más activa en la protección de los pesqueros si es que tienen que estar en caladeros tan peligrosos, ni tampoco (de ser el caso, lo que en algunas informaciones se ha dicho) por qué no deberían exigirse responsabilidades a los armadores cuyos barcos no se atienen a las normas y zonas de seguridad establecidas. Como no estoy precisamente convencido de que la comunidad internacional no pudiera ser más exigente con el Gobierno somalí, pues una cosa es que este no pueda en sus actuales condiciones enfrentarse de manera global a la amenaza de la calavera sobre dos tibias cruzadas y otra bien distinta, creo yo, el que no deban saber sus alcaldes qué demonios pasa en Haradere (...). Pero en todo caso, sí, algo hemos aprendido. Y me parece de perlas, dado que la Armada no lo hace o no le ordenan hacerlo, que el Gobierno haya permitido a bordo de nuestros barcos la presencia de unidades de seguridad privada, armadas cuanto sea conveniente para disuadir y en su caso rechazar ataques piratas.