JOSÉ IBARROLA
La erosionada reputación de nuestras instituciones alcanza niveles mayores allí donde gobierna el Partido Popular. El caso Gürtel ha hecho visibles las correas de transmisión de la mano invisible que mece la cuna en los aledaños del poder y en el mismo epicentro del poder. Como diría Rajoy... ¡Cuerpo a tierra que vienen los míos!
Son las consecuencias de la irresponsabilidad. Los expertos vaticinan que, tras la crisis, necesitaremos un nuevo modelo productivo pero, a mi entender, ética y regeneración democrática deben compartir las prioridades en la agenda. La democracia puede morir por falta de vida o, lo que es lo mismo, porque entre todos la matamos y ella sola se murió.
Para solucionar un problema no podemos aplicar la misma lógica que lo ha creado. La identificación de los delincuentes es nuestro compromiso con la ley, pero no constituye en sí misma una salida a la lamentable situación higiénica de nuestras instituciones. El cambio pasa por la corresponsabilidad de todos en la defensa de la decencia en la vida política, económica y social.
Urge devolver la política a los ciudadanos. Porque aunque algunos confían en que el destino lo decide Dios o una instancia superior, en una sociedad como la nuestra, los que decidimos de verdad somos los ciudadanos, si nos dejan ejercer como tales y, a veces, incluso porque no nos dejan.
Ante la ausencia de un cuarto poder (no me refiero a la prensa sino al poder de los ciudadanos), los responsables de la irresponsabilidad, parapetados y apestillados en la máquina de condicionar voluntades, que da el ejercicio del poder, se dedican a desacreditar y/o amedrentar cualquier voz crítica, promoviendo la cultura del chantaje a propios y ajenos, la del desprecio, las medias verdades o verdades interesadas... Son los costes de la estupidez.
A estas alturas del cuento ni tan siquiera nos puede sorprender el creciente envilecimiento del debate político. Cuando los jefes se pelean... y se pelean, arriba se lanzan insultos; abajo, los indios, no más oyen, ven y luego... ¡se matan!
Algunos, intentando emular o superar las lindezas que se cruzan sus jefes de fila sacan del fondo del armario el más destructivo de los discursos: el discurso de la mentira, del insulto generalizado, de los juicios de valor gratuitos,...
Este tipo de discursos se sabe cuándo empiezan pero no cómo y dónde acaban; crecen y se desarrollan tras el cobarde discurso del anonimato y «el calumnia que algo queda». Una política de tierra quemada donde pueden acabar pagando justos por pecadores.
Por todas estas razones y alguna más que dejo en el tintero, no entiendo la imagen de un Rajoy a la defensiva. Debería aprender del pasado y situarse en la vanguardia del cambio. Aunque sólo fuera en defensa de la honorabilidad de la inmensa mayoría de los militantes del PP -que estoy seguro- repudian la corrupción.
No obstante, no seré yo el que utilice la corrupción como arma arrojadiza contra el PP (bastante tienen los pobreticos defendiéndose del fuego amigo) estando como estoy convencido de que vivimos una crisis de valores que, en mayor o menor medida, va penetrando en el tejido social sin distinción de colores ni clases. No nos engañemos. La diferencia la marca el poder en sus distintas dimensiones/manifestaciones y la probidad moral o su carencia de quienes lo ejercen.
Este país necesita un poder que controle al poder de las instituciones y de los partidos políticos. Necesita de la corresponsabilidad de todos, de un cambio orientado a alcanzar una vida democrática más plena, donde sea posible contar permanentemente con el compromiso responsable, la participación y la movilización de la ciudadanía. Esta implicación, en los últimos años ha tendido a debilitarse, con el riesgo que comporta para las libertades y las instituciones. Es imprescindible, pues, un nuevo impulso democrático que haga ver el papel decisivo que en la política tienen los ciudadanos.
Para avanzar en esta dirección es necesario, en primer lugar, que las instituciones sean percibidas como patrimonio de todos y no como instrumentos de una sola voz, monopolizados por la fuerza política que las gobierna. Por eso, las instituciones y las administraciones deben ser más abiertas y más cercanas a los ciudadanos. Solamente de esta manera, podrán responder con flexibilidad y celeridad a sus demandas. Y solamente así, serán, a la vez, controlables y transparentes.
Además, las instituciones representativas y las organizaciones políticas no agotan la expresión de la participación ciudadana en la vida pública. La política se hace hoy de muchas maneras y en muchos ámbitos -asociativos, profesionales, culturales y laborales-, y no únicamente por la vía de los partidos y de las instituciones. Estos tienen una función fundamental e insustituible. Pero deben ser complementados con movimientos y asociaciones ciudadanas, como parte de la red social que asegura la participación política permanente, amplía y desde la base.
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