JOSÉ IBARROLA
Diariamente asistimos al esfuerzo de adaptación de una sociedad que se comporta como un cuerpo vivo en continuo cambio. Los valores de una época son arrinconados por otros que los sustituyen y, en consecuencia, determinadas normas e instituciones pueden perder su vigencia haciendo necesarias otras nuevas. Cada época genera nuevos valores y nuevas actitudes hacia ellos, a velocidad tan vertiginosa que no le permiten adquirir la condición de perdurables.
El sistema educativo, que no es más que un subsistema dentro del sistema social, sólo puede comportarse acusando los cambios como una parte del todo que él mismo contribuye a conformar y al que inevitablemente queda supeditado. El acelerado ritmo de reformas y contrarreformas en las leyes educativas ha amortizado valores, contraponiéndoles principios, fines y objetivos que ahora se postulan como valiosos.
Este tejer y destejer puede justificar que la escuela esté perdiendo confianza en sus posibilidades ante la influencia de otros factores que escapan a su control. En efecto, con frecuencia la sociedad presenta modelos negativos en la forma de conducir las relaciones interpersonales y de resolver los conflictos. Medios de comunicación, líderes sociales y responsables políticos no siempre se muestran como modelo positivo a imitar, sino como claros ejemplos de intolerancia e incapacidad para el dialogo. Frente a esto, la escuela tiene que luchar para seguir manteniéndose como lugar donde aprender a vivir juntos personas diferentes, a crecer en el respeto, solidaridad y cooperación, a aceptar un marco de convivencia que necesariamente exige compromiso, normas y autoridad.
Sin embargo, parece que existe la percepción generalizada de que, en los últimos años, la convivencia en los centros docentes está siendo alterada por situaciones de indisciplina e incluso de violencia, que afectan al clima necesario para conseguir los objetivos que conducen a la finalidad esencial de la educación, y que no es otra que la de aprender a convivir con los demás, como camino imprescindible para la construcción de una sociedad más justa, solidaria y pacífica. Tales conflictos dentro del entorno escolar dificultan el normal desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y constituyen en la actualidad una importante preocupación para el profesorado.
Más que un estado generalizado de la conflictividad, el profesorado percibe cambios en la composición social del alumnado y en sus modelos de conducta, lo que da lugar a situaciones nuevas, muchas de ellas negativas, y cuyo control no estaba previsto. La postura de indiferencia si no de disculpa, adoptada normalmente por los padres ante conductas inadecuadas de sus hijos, deja al docente en situación de indefensión, según ha podido constatar el Defensor del Profesor como sentir mayoritario de los profesores que acuden en demanda de ayuda y defensa de su labor profesional.
La información obtenida a través de los casos registrados por el Defensor del Profesor durante los años de funcionamiento de este servicio, permite destacar determinados factores como causantes del deterioro de la convivencia en los centros educativos.
Algunos de ellos son de carácter social como la falta de disciplina reinante en un ambiente de permisividad generalizada, la pérdida de valores como el respeto, la tolerancia y la disciplina, la dejación de algunos padres en su responsabilidad educativa, el incremento de familias desestructuradas, los perniciosos modelos de identificación mostrados por los medios de comunicación o las diferencias interculturales y las derivadas de situaciones de marginación o exclusión.
Otros factores están más relacionados con perfiles personales determinados por características tales como el escaso compromiso del alumnado con el esfuerzo en el trabajo, la falta de expectativas académicas, la baja tolerancia a la frustración o las escasas habilidades sociales.
Por último, aparecen otros factores relacionados con el propio ámbito educativo y su organización, como es el caso de las dificultades que encuentran determinados alumnos ante el currículo que se les propone, las metodologías utilizadas, el nivel de participación y las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa, la indefensión que percibe el profesorado y que coarta el ejercicio de autoridad o la ineficacia de las sanciones empleadas para corregir las transgresiones de las normas.
La propia complejidad de estos factores hace más difícil el papel del profesor, responsable en última instancia de la ejecución del currículo y agente necesario de transformación social, lo que le hace acreedor de todo el apoyo social que le permita sentirse reforzado en su autoridad consustancial con la práctica docente, autoridad que necesariamente tiene que cimentarse en la libertad y el respeto que debe imperar entre los distintos sectores de la comunidad educativa.
