JESUS FERRERO
No me sorprende que gentes del lobby nuclear insistan en que la alternativa energética nuclear «no es más que una opción» energética o tecnológica, a escoger entre otras; pero me subleva que intelectuales, científicos sociales y hasta catedráticos de Ciencia Política se atrevan a decir que el debate nuclear consiste en un asunto simplemente técnico. Ahí queda eso. Este es el caso, llamativo, que hoy me ocupa: en un extenso texto de tipo recopilatorio el catedrático de Ciencia Política en la Universidad Complutense, Antonio Elorza, escribía recientemente en un diario de tirada nacional que el debate nuclear «debiera ser abierto de nuevo sobre bases exclusivamente técnicas», como si esto fuese posible y como si los elementos político-ideológicos no resultasen consustanciales con esta energía. Ya hemos aludido en estas mismas páginas a los problemas técnicos y económicos de la energía nuclear, y hemos sostenido que se trata de instalaciones tecnológicas altamente complejas y carísimas, ineficientes y peligrosas.
Pero también hemos subrayado que los problemas técnicos son la base de una pirámide de conflictos, en la que, ascendiendo, nos topamos con los de índole económica para llegar en el vértice, precisamente, al problema político. En consecuencia, me permitiré trasladarle al profesor Elorza solamente tres aspectos básicos de la energía nuclear que supuran política. El primero se refiere a su historia, que es una historia política donde las haya y que nos remite al esfuerzo de guerra que arrolló a los científicos que venían trabajando en la fisión de elementos radiactivos. Tras las catástrofes nucleares de Hiroshima y Nagasaki el poder industrial norteamericano (así como el británico-canadiense) se empleó a fondo en la adaptación a lo civil -a los negocios- del átomo militar, dejándonos unos flecos de mucho cuidado, que con tranquilidad podemos calificar de criminales: los residuos radiactivos y su imposibilidad (técnica, física) de neutralización. Poder industrial y poder político actuaron al unísono, también cuando empujaron a Eisenhower a ofrecer al mundo, tan imprudentemente, aquellos Átomos para la Paz (1953). Desde entonces, el ciclo nuclear muestra una unión inextricable entre lo militar y lo civil, estando ambos politizados hasta la médula.
El segundo, más sociológico, alude al endurecimiento inevitable de los Estados nuclearizados, que anteponen requisitos antidemocráticos -como la seguridad, el secreto y otras restricciones- a los derechos y libertades públicas, castigando duramente, de hecho, a las democracias formales. Este análisis, de cariz político y también sociológico fue estudiado por el politólogo Robert Jungk (El Estado nuclear, 1979), incidiendo en los cambios sociales y políticos que los Estados nuclearizados experimentan fatalmente; y rechazando tanto la «nuclearización de la historia» como la creación de un Homo atomicus. Pero todo eso, lo de la represión «desde la democracia» (por no aludir a la dictadura) y lo de la deriva suicida de una historia nuclearizada, lo aprendimos muy pronto los militantes antinucleares de todo el mundo.
El tercero atiende al incalculable coste de las inversiones nucleares, así como a la traducción en términos económicos de la inseguridad que presentan, que ninguna empresa aseguradora está dispuesta a cubrir. Esa responsabilidad inmensa y tenebrosa es económica y políticamente asumida por el Estado, que cauciona con su respaldo político la incapacidad empresarial.
Y, desde luego, no es España el país donde menos íntimamente unidos aparezcan la energía nuclear y la política, como Antonio Elorza debiera saber. Desde los años de 1940 la cohabitación de lo militar y lo civil se ocultaba en la facistoide Junta de Energía Nuclear, a cuyo mando siempre estuvo un militar de alta graduación y de la entera confianza del Caudillo. El empeño en conseguir la bomba atómica se mantuvo hasta bien entrada la democracia (y cuando el presidente Carter se tomó en serio el caso español. Pero no fue hasta 1988 cuando España, con un Gobierno socialista, ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear, acabando con un aventureísmo ridículo. Todo esto lo cuentan sus protagonistas en Historia nuclear de España (1995) con sinceridad tal que ellos mismos hubieron de retirar el libro de la circulación a las pocas semanas de su aparición. Quizás por eso el profesor Elorza, erudito devorador de libros, no tuvo ocasión de entrar en el tema.
Luego, el mismo Franco consentiría al sector eléctrico español todo un régimen de privilegios que persistieron cuando se inició el programa nuclear (1968: central de Zorita). Potentes empresarios -vascos en su mayoría pero también catalanes y andaluces- se cobraron la ayuda prestada al general golpista durante la Guerra Civil y la posguerra. Estos mismos empresarios acabaron, sin embargo, agradeciendo al PSOE en el poder la «congelación del programa nuclear» en 1983, cuando descubrieron que ese programa no podía ni financiarse ni sostenerse.
Y en esas estamos. La actual algarada pronuclear, que quiere pasar por debate, pretende la rendición del Estado a las exigencias del sector, que sólo mediante una contribución múltiple del respaldo público sería capaz de volver a las andadas. Pero ahora ya hay historia y el fracaso se ha documentado (con quiebra de la seguridad).
El profesor Elorza, al proponer un «debate técnico» ignora el inmenso contenido político de este asunto, que no percibió tampoco en los años precisos y delicados de la liquidación del franquismo, coincidentes con lo más duro de la revuelta antinuclear y con los cursos 1974-75 y 1975-76. Estaba entonces enfrascado en su docencia e investigaciones sobre el pensamiento reaccionario en el cambio de los siglos XVIII al XIX, lo que explicaba con gran brillantez. Así que no reparó en la intensa política que hacían otros, que incluso figuraban entre sus alumnos, tratando de socavar los fundamentos tecnológicos, económicos, morales y políticos de la energía nuclear. Así hacía este cronista desolado, que incluso escribía en las páginas de la misma revista que su prestigioso profesor, a la sazón el semanario antifranquista Triunfo. De ahí su lamentable retraso y su falta de sensibilidad para lo político en la energía nuclear. Una pena.
Pedro Costa Morata es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
Pero también hemos subrayado que los problemas técnicos son la base de una pirámide de conflictos, en la que, ascendiendo, nos topamos con los de índole económica para llegar en el vértice, precisamente, al problema político. En consecuencia, me permitiré trasladarle al profesor Elorza solamente tres aspectos básicos de la energía nuclear que supuran política. El primero se refiere a su historia, que es una historia política donde las haya y que nos remite al esfuerzo de guerra que arrolló a los científicos que venían trabajando en la fisión de elementos radiactivos. Tras las catástrofes nucleares de Hiroshima y Nagasaki el poder industrial norteamericano (así como el británico-canadiense) se empleó a fondo en la adaptación a lo civil -a los negocios- del átomo militar, dejándonos unos flecos de mucho cuidado, que con tranquilidad podemos calificar de criminales: los residuos radiactivos y su imposibilidad (técnica, física) de neutralización. Poder industrial y poder político actuaron al unísono, también cuando empujaron a Eisenhower a ofrecer al mundo, tan imprudentemente, aquellos Átomos para la Paz (1953). Desde entonces, el ciclo nuclear muestra una unión inextricable entre lo militar y lo civil, estando ambos politizados hasta la médula.
El segundo, más sociológico, alude al endurecimiento inevitable de los Estados nuclearizados, que anteponen requisitos antidemocráticos -como la seguridad, el secreto y otras restricciones- a los derechos y libertades públicas, castigando duramente, de hecho, a las democracias formales. Este análisis, de cariz político y también sociológico fue estudiado por el politólogo Robert Jungk (El Estado nuclear, 1979), incidiendo en los cambios sociales y políticos que los Estados nuclearizados experimentan fatalmente; y rechazando tanto la «nuclearización de la historia» como la creación de un Homo atomicus. Pero todo eso, lo de la represión «desde la democracia» (por no aludir a la dictadura) y lo de la deriva suicida de una historia nuclearizada, lo aprendimos muy pronto los militantes antinucleares de todo el mundo.
El tercero atiende al incalculable coste de las inversiones nucleares, así como a la traducción en términos económicos de la inseguridad que presentan, que ninguna empresa aseguradora está dispuesta a cubrir. Esa responsabilidad inmensa y tenebrosa es económica y políticamente asumida por el Estado, que cauciona con su respaldo político la incapacidad empresarial.
Y, desde luego, no es España el país donde menos íntimamente unidos aparezcan la energía nuclear y la política, como Antonio Elorza debiera saber. Desde los años de 1940 la cohabitación de lo militar y lo civil se ocultaba en la facistoide Junta de Energía Nuclear, a cuyo mando siempre estuvo un militar de alta graduación y de la entera confianza del Caudillo. El empeño en conseguir la bomba atómica se mantuvo hasta bien entrada la democracia (y cuando el presidente Carter se tomó en serio el caso español. Pero no fue hasta 1988 cuando España, con un Gobierno socialista, ratificó el Tratado de No Proliferación Nuclear, acabando con un aventureísmo ridículo. Todo esto lo cuentan sus protagonistas en Historia nuclear de España (1995) con sinceridad tal que ellos mismos hubieron de retirar el libro de la circulación a las pocas semanas de su aparición. Quizás por eso el profesor Elorza, erudito devorador de libros, no tuvo ocasión de entrar en el tema.
Luego, el mismo Franco consentiría al sector eléctrico español todo un régimen de privilegios que persistieron cuando se inició el programa nuclear (1968: central de Zorita). Potentes empresarios -vascos en su mayoría pero también catalanes y andaluces- se cobraron la ayuda prestada al general golpista durante la Guerra Civil y la posguerra. Estos mismos empresarios acabaron, sin embargo, agradeciendo al PSOE en el poder la «congelación del programa nuclear» en 1983, cuando descubrieron que ese programa no podía ni financiarse ni sostenerse.
Y en esas estamos. La actual algarada pronuclear, que quiere pasar por debate, pretende la rendición del Estado a las exigencias del sector, que sólo mediante una contribución múltiple del respaldo público sería capaz de volver a las andadas. Pero ahora ya hay historia y el fracaso se ha documentado (con quiebra de la seguridad).
El profesor Elorza, al proponer un «debate técnico» ignora el inmenso contenido político de este asunto, que no percibió tampoco en los años precisos y delicados de la liquidación del franquismo, coincidentes con lo más duro de la revuelta antinuclear y con los cursos 1974-75 y 1975-76. Estaba entonces enfrascado en su docencia e investigaciones sobre el pensamiento reaccionario en el cambio de los siglos XVIII al XIX, lo que explicaba con gran brillantez. Así que no reparó en la intensa política que hacían otros, que incluso figuraban entre sus alumnos, tratando de socavar los fundamentos tecnológicos, económicos, morales y políticos de la energía nuclear. Así hacía este cronista desolado, que incluso escribía en las páginas de la misma revista que su prestigioso profesor, a la sazón el semanario antifranquista Triunfo. De ahí su lamentable retraso y su falta de sensibilidad para lo político en la energía nuclear. Una pena.
Pedro Costa Morata es doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid.
