Menos de medio kilómetro de terreno, exactamente 400.939 metros cuadrados, protagonizan la disputa entre los vecinos municipios de San Pedro del Pinatar (Murcia) y Pilar de la Horadada (Alicante). La reclamación territorial iniciada por el Ayuntamiento pinatarense podría hacer que la Región de Murcia se anexione en breve ese medio kilómetro cuadrado en detrimento de la Comunidad Valenciana. Sería la primera experiencia en España de movimiento de fronteras entre dos comunidades autónomas, lo que obligaría a redibujar atlas y enciclopedias. El trámite administrativo para recuperar lo que San Pedro del Pinatar considera «un terreno invadido» dio ayer un paso decisivo.
Tres técnicos del Instituto Geográfico Nacional se reunieron con las comisiones de ambos ayuntamientos en conflicto para elaborar su informe-propuesta, que elevarán al Ministerio de Administraciones Públicas y éste al Consejo de Estado para adoptar la decisión definitiva que resuelva el ya bautizado como conflicto de los mojones tras la mediática reivindicación que escenificó el ex alcalde pinatarense, Pedro José Pérez, en enero de 2006. La decisión final no se hará esperar demasiado. El Instituto Geográfico Nacional tiene 30 días para decidir de quién son las 40 hectáreas de terreno en litigio. Los ayuntamientos y comunidades autónomas cuentan después con 15 días para presentar alegaciones, que irán en el expediente final a la mesa del Consejo de Estado para dictaminar en un plazo de 20 días. Antes de final de 2007 podría resolverse la frontera entre los históricos reinos de Murcia y Valencia, aunque posibles recursos de los vecinos afectados (alrededor de medio centenar) prolongarían el final del conflicto. La importancia de la decisión del Instituto Geográfico Nacional estriba en que hasta ahora todas las órdenes del Estado relativas a deslindes y las sentencias judiciales han secundado siempre sus dictámenes.
Ninguno de los dos actuales alcaldes, el pinatarense José María García y el pilareño Ignacio Ramos (los dos del PSOE), movieron ayer sus posturas ni un ápice ante los técnicos madrileños. El alicantino se resiste a renunciar a un suelo eminentemente agrícola, pero que incluye parte de un plan parcial en trámite y, por tanto, con potencial urbanístico. Sin embargo, miembros de la comisión murciana coincidieron tras la reunión en la sensación de que el Instituto Geográfico Nacional se pronunciará a favor de San Pedro, debido sobre todo a la solidez de la argumentación pinatarense, que entre otras cosas aporta como base de su reclamación el acta de deslinde de 3 de junio de 1897 y el estudio histórico y cartográfico realizado por expertos de la Universidad de Murcia. El documento del siglo XIX fijaba que «la línea convenida entre los mojones primero y segundo es la recta que los une», y es lo que San Pedro pide que se cumpla, en lugar de mantener como línea fronteriza el eje de la carretera, cuyo trazado se introduce considerablemente en el término pinatarense.
