Martes, 1 de mayo de 2007
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Ecologistas y vecinos han recurrido la instalación de más de cien plataformas
Ecologistas y vecinos han recurrido la instalación de más de cien plataformas
RECHAZO SOCIAL. Protesta vecinal en Aljucer (Murcia), en una foto de archivo. / N. GARCÍA / AGM
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Los ecologistas y grupos vecinales contrarios a la proliferación de antenas de telefonía móvil ven con preocupación la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo de Murcia. «Es un precedente negativo», admitió ayer Pedro Belmonte, de Ecologistas en Acción. «Va en contra de la capacidad de los ayuntamientos para hacer cumplir la legalidad urbanística», denunció.

No es la primera sentencia que da la razón a las empresas, aunque según el sector sí es pionera al establecer una indemnización por daños y perjuicios. Otros tribunales «han dicho todo lo contrario y han dado la razón a los ayuntamientos», defiende Belmonte. Los ecologistas y las asociaciones de vecinos han presentado recurso ante el Ayuntamiento de Murcia, desde el año 2000, contra 105 antenas instaladas en la ciudad y sus pedanías. «Carecen de licencia urbanística», explica Pedro Belmonte. El Consistorio les ha dado la razón en algunos casos, y ha paralizado plataformas en Algezares, Torreagüera, El Esparragal y Guadalupe, entre otras zonas.

Ley regional

Belmonte advierte de que, junto a las plataformas instaladas en azoteas y terrazas, están proliferando «microantenas en la calle, muchas veces escondidas». Los ecologistas exigen un «despliegue ordenado» de esta tecnología, y solicitan para ello una ley regional sobre espacios radioeléctricos como la que ya existe en Castilla-La Mancha. «La legislación allí es mucho más restrictiva en cuanto a las emisiones permitidas, frente al caos que vivimos en Murcia», defiende.

Mientras llega una normativa de ámbito regional, Ecologistas en Acción apuesta por la capacidad de los ayuntamientos para «velar por la legalidad urbanística» y prevenir la «contaminación electromagnética» a través de ordenanzas municipales como las que las compañías telefónicas mantienen recurridas en numerosas localidades españolas. «Es fundamental que un ayuntamiento pueda intervenir en la planificación de la instalación de estas antenas», concluye.

 
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