El director general del Ministerio de la Vivienda, Rafael Pacheco, ha enviado una carta al alcalde Cámara en la que le advierte de que el Ministerio es propietario de ocho fincas en el polígono de La Paz: «Teniendo en cuenta que las citadas fincas actualmente forman parte del patrimonio adscrito al Ministerio de Vivienda y ante la posibilidad de que se pueda producir la ocupación de estos terrenos, o gestiones urbanísticas o de edificación sobre los mismos, deberán contar para cualquier actuación con el consentimiento del Ministerio de vivienda». Además le recuerda que el artículo 47 del Real Decreto 3148/1978 de 10 de noviembre, recoge la imposibilidad de descalificar una vivienda de protección oficial de promoción pública.
Cámara, en su última comparecencia ante los vecinos de La Paz, señaló que había recibido «amenazas» de un alto dirigente del Ministerio de la Vivienda en la que «nos dice que llevemos cuidado con lo que vamos a hacer porque si no la Justicia tendrá que intervenir». Efectivamente, la carta, que en el registro de salida lleva fecha de 5 de marzo, indica que «el Ministerio comunica que procederá a las acciones judiciales que se puedan derivar de las actuaciones que puedan vulnerar los legítimos derechos sobre este patrimonio del Estado».
El concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, indicó ayer que a la carta del director general de la Vivienda se le va a dar tratamiento de alegación. También reconoció desconocer dónde se ubican las ocho fincas a las que se refiere el Ministerio -salvo que se correspondan con los viales y zonas verdes-, por lo que se va a dirigir a la Comunidad Autónoma y al Catastro para que le indiquen si hay fincas que son propiedad del Ministerio.
El promotor López Rejas sí lo tiene claro: «Esas parcelas se corresponden con viales, aceras zonas de aparcamiento y espacios verdes, que fueron cesiones urbanísticas realizadas por el Ministerio de la Vivienda al Ayuntamiento de Murcia, según la ley de Planeamiento de 12 de mayo de 1956, y por tanto eran definitivas». Añade que la inscripción del dominio público municipal estaba excluida del registro antes de 1998. Y desde ese año, y a través del decreto 1867/1998 de 4 de de septiembre, esa inscripción es potestativa de las Administraciones públicas.
El concejal socialista Marcos Ros indicó ayer que «la carta es una advertencia para que el proyecto se realice de acuerdo a la legalidad vigente». Añadió que «desde el PSOE hemos defendido siempre que la rehabilitación de La Paz se tiene que hacer desde la iniciativa pública. El PP ha engañado a los vecinos y ha generado expectativas que no se pueden cumplir».
