La intención del Gobierno vasco de gravar con un mínimo de 9 euros diarios aquellas residencias que respondan a su concepto de vivienda vacía ha desatado el debate. El principal promotor de esa iniciativa es Javier Burón, director de Planificación de Vivienda del Gobierno Vasco, quien ayer pronunció una conferencia en Murcia.
- ¿Qué medidas son necesarias para facilitar el acceso a la vivienda?
- Es necesaria la intervención pública, igual que ocurre en la sanidad o la educación sin que a nadie le extrañe. El suelo y la vivienda son asuntos en los que la iniciativa pública debe intervenir porque, además, facilitar el acceso es un mandato constitucional. En ese contexto, hay que adoptar tres medidas fundamentales: destinar un porcentaje alto del suelo urbanizable a vivienda protegida, promover que el porcentaje destinado al alquiler de ese parque sea alto y utilizar la vivienda vacía.
- ¿Han funcionado las políticas de fomento de alquiler de viviendas vacías en el País Vasco?
- Hemos conseguido movilizar 3.000 de las 26.000 viviendas no utilizadas que hay en Euskadi. Para ello, se pacta el propietario accede a cobrar un alquiler de 580 euros -el inquilino aporta 250, el resto está subvencionado. Lo que le decimos al dueño de la casa es que, si tiene miedo a que no le paguen, le destrocen la vivienda o no se vayan en la fecha convenida, el Gobierno se hace cargo de esas eventualidades.
- También han propuesto imponer un canon de 9 euros diarios a los propietarios de viviendas no utilizadas...
- Si hay un gobierno que otorga las garantías, es un lujo, desde el punto de vista social y ecológico, tener una vivienda vacía. Y es un lujo que hay que pagar. La idea es que paguen 9 euros el primer año, 12 el segundo y 15 el tercero. La medida es muy viable porque hay mayoría parlamentaria.
- ¿Cómo se garantiza que la vivienda está realmente desocupada?
-Somos la única comunidad que inspecciona el uso de la vivienda protegida, así que ya tenemos experiencia en ese sentido. Si nadie está empadronado, no hay contratos de suministros o son muy bajos, si no se está adscrito a los servicios sanitarios o educativos de la zona... Tampoco se incluyen las viviendas que están en una zona de segunda residencia.
- ¿Han registrado un porcentaje muy elevado de fraude en el uso de viviendas protegidas?
- Un 8%, aunque si, de las 55.000 viviendas protegidas, solo una estuviera utilizada de forma fraudulenta, ya consideraría que el porcentaje es muy elevado. Ya se ha empezado a actuar contra quienes realizan ese mal uso: se han expropiado ocho viviendas, se han impuesto 150 sanciones y se han abierto 1.400 diligencias.
