La promotora del empresario José López Rejas, que gestiona el proyecto de rehabilitación del barrio de La Paz, respondió ayer en un comunicado que las alegaciones del Colegio de Arquitectos de Murcia están «totalmente equivocadas», al afirmar que las viviendas que afectan a este plan son y serán de protección oficial hasta el 2018.
«Tales alegaciones confunden y mezclan normas de las distintas legislaciones que han venido regulando la promoción pública de viviendas de carácter social desde que se inició la promoción y construcción del grupo de viviendas La Paz, realizando una interpretación interesada de dichos preceptos contraria a su finalidad y a los principios constitucionales de los beneficiarios de esas viviendas, concretamente al derecho de propiedad consagrado en su artículo 33 de la Constitución», señala López Rejas.
«Es falso -añade- que las 1.502 viviendas del barrio de La Paz puedan ser consideradas como de protección oficial hasta el 2018. El Colegio de Arquitectos considera que son 50 los años necesarios para la libre disponibilidad de la vivienda. Dicho plazo ha sido sustituido por el vigente en la normativa surgida tras la constitución, en la que se establece que el plazo es de 30 años». Para argumentar este dato, la promotora cita el Real Decreto-Ley 31/78 de 31de octubre de 1978, el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, promulgado por el Gobierno socialista (norma estatal) y el Decreto 54/2002, de 8 de febrero de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
López Rejas considera que «habiendo transcurrido con exceso dicho plazo, los propietarios disponen libremente de su vivienda». Igualmente, la promotora defiende que «es rotundamente falso que dichas viviendas no se puedan transferir a terceras personas. Y ello porque los iniciales beneficiarios se amparan en el sistema de acceso diferido cuyo régimen jurídico se desarrolló en el artículo 33 del Decreto de 24 de julio de 1968».
«De forma torticera»
La promotora denuncia que «Francisco Camino -decano del Colegio de Arquitectos- pretende exclusivamente confundir a la opinión pública, y especialmente a los propietarios y promotores del proyecto de La Paz, así como crear desconfianza y atacar al Ayuntamiento. Lo más lamentable es que ello lo realiza torticeramente, sin base jurídica alguna y con ánimo de entorpecer la voluntad de 1.502 familias que han depositado su ilusión en este proyecto».
