El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) acusa a las autonomías de quebrar la unidad de mercado y crear «monopolios» locales en el comercio, a costa de un consumidor que «se ve forzado» a pagar un sobrecoste encubierto por un mismo producto por el hecho de que no existan varios centros distintos donde elegir. La estadística apunta que, en el ámbito empresarial, los principales perjudicados por esta actitud obstaculizadora de las administraciones territoriales son las grandes superficies, que dejan de abrir 15 nuevas instalaciones al año (3.000 millones de euros en inversiones) por las trabas impuestas.
Los hipermercados, sin embargo, no son los únicos perdedores en esta estrategia. Su cuota de negocio ha caído del 32,8% al 23,2% desde 1995, pero aún mayor ha sido en proporción el descenso de los pequeños autoservicios, con la mitad del nivel que tenían doce años atrás (del 9,6% al 5,3%), y de las tiendas de barrio, reducidas a un tercio de lo que representaban antes (del 12,2% al 4,8%). Los supermercados (medianos y grandes, pues los pequeños bajaron al 17,3%), por el contrario, fueron el único formato comercial que creció en ese período, y además de manera sensible, al pasar del 35,4% (en línea con el 32,8% que tenían los hiper) al 66,7%, lo que supone copar dos de cada tres compras hechas por los consumidores.
Desde Anged, la patronal de las grandes superficies, se han argumentado esas cifras de forma recurrente para reclamar una liberalización mayor, en línea con lo apuntado en sus informes por la Comisión. Su rival, Asedas, que representa a las cadenas de supermercados más veteranas, ha mantenido que ellos son ajenos a las decisiones que dentro de sus competencias puedan tomar las comunidades, pero recuerdan que en los últimos años se ha incrementado la presencia en este segmento de la distribución de los principales grupos matrices de los hiper (caso de Carrefour y El Corte Inglés), con lo que participan dos veces en el reparto de la tarta.
Restricciones
Mientras el Gobierno ha reducido en los últimos años la importancia de las trabas que denuncian los hipermercados -incluso ha limitado los horarios y días de apertura (un mínimo de ocho festivos al año, que en muchas comunidades se convierte en tope, y un máximo de 72 horas laborables a la semana)-, el TDC ha endurecido su posición crítica frente a la actitud «restrictiva» de las comunidades. En una de sus últimas resoluciones, las acusa incluso de favorecer la consolidación de «monopolios u oligopolios» dentro del ámbito regional o local, situación que en teoría debería eliminarse cuando entre en vigor (los países de la UE tienen hasta 2010 para hacerlo) la nueva directiva comunitaria de liberalización de los servicios.
Afirman los miembros del tribunal (que se integrará antes de finales de año en la nueva Comisión Delegada de Competencia, una vez que su ley sea aprobada) que «las barreras legales se están convirtiendo en la principal dificultad de acceso al mercado..., con las consiguientes pérdidas de eficiencia (se comercializan menos bienes y servicios, más caros y de peor calidad) y de equidad (el consumidor tiene menos variedad donde elegir, también en precios)». Añaden que la «excesiva dispersión normativa» en la regulación comercial se debe al desarrollo «muy heterogéneo» que las legislaciones autonómicas han realizado sobre la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista.
De forma más concreta, el TDC critica de manera especial la denominada segunda licencia (un permiso específico que las autonomías exigen a los grandes establecimientos comerciales), que «se superpone ineficientemente" a la licencia municipal». A su juicio, estas restricciones «crecientes» por parte de las comunidades alcanzan su «culminación anticompetitiva» con las moratorias a las nuevas instalaciones (que, si bien, en teoría, sólo queda una en Baleares, también existen otras de facto en Cataluña, País Vasco y Asturias) y con la creación de grandes impuestos específicos para los hiper (que están recurridos ante el Constitucional). La Agencia Tributaria declaró semanas atrás que dicho pago a cuenta habría de descontarse desde el pasado 1 de enero, al entrar en vigor las leyes de prevención del fraude fiscal, pero en la práctica no ha podido hacerse así.
