Diario Laverdad

Polémico y controvertido. Es un referente en la persecución de los delitos medioambientales. Los ecologistas lo ven como una garantía de que sus denuncias serán investigadas a fondo, como ha ocurrido y ocurre en procesos tan sonados como los robos de agua en la cuenca del Segura o el caso de El Chopillo de Moratalla. Emilio Valerio, fiscal de medio ambiente del TSJ de Madrid, cuenta en esta entrevista sus impresiones sobre la supuesta trama negra del agua que él instruyó durante más de un año, y que fue aprovechada desde algunos sectores e intereses para socavar la imagen de la Región. Sostiene que la causa sigue viva porque serán los juzgados naturales los que investiguen ahora por separado las extracciones ilegales.

Emilio Valerio, nacido hace 48 años en Dicastillo (Navarra), lleva 25 años en la carrera fiscal; 12 de ellos en Madrid y en estrecha relación con el actual ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Ha sido profesor invitado en Harvard y Stanford, y saltó al plano periodístico cuando instruyó la causa por el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard. En los últimos años se le ha percibido desde Murcia como un enfant terrible que no ha dejado títere con cabeza en su investigación sobre los robos de agua.

-El fiscal jefe de Murcia ha pedido archivar el caso de los robos de agua. El juez lo ha aceptado. ¿Cómo valora esta decisión?

-Entiendo que existe un terreno de coincidencia, en el ámbito fiscal y judicial. Todos hemos aprendido en este proceso la necesidad de llevar a cabo una persecución puntual de los supuestos de robo de agua. Por lo que fuera, no se hacía. A mi juicio, cuando se habla de archivo, queda una línea abierta para que las denuncias se investiguen en los juzgados naturales. Esta es la primera valoración, y única, que entiendo que debo hacer en este momento.

-¿Pero esperaba el archivo?

-Insisto en que la palabra archivo tiene un doble sentido, ya que, según su propio periódico, se reabren a su vez los supuestos individuales del robo del agua. Lo cual es absolutamente lógico. Precisamente por ello se debe destacar que la Región de Murcia necesita la aplicación estricta del Código Penal, lo cual no es fácil. En este punto es necesario un esfuerzo de todos: de la Administración, de la justicia y de la prensa.

-Aunque fiscal de medio ambiente de Madrid, usted es conocido en Murcia, donde lleva cuatro años siendo noticia. ¿Cómo cree que se ha percibido su trabajo?

-No tiene demasiada trascendencia la percepción que pueda tener de mí la Región. Tiene más trascendencia la evolución de los robos y del desorden del agua. Y si se quiere apurar, la evolución o percepción que las organizaciones sociales, políticas o ecologistas tienen sobre este tema.

-Pero que no se haya apreciado prevaricación y delito contra el medio ambiente, que eran el núcleo de las denuncias...

-Me preocupa esta pregunta porque se han abierto causas por cada delito contra el medio ambiente. En pura técnica jurídica, el delito contra el medio ambiente, tal y como está recogido en nuestro Código Penal, subyace en cada robo de agua con una cuantía determinada. Probablemente lo que motivó la investigación fue la no persecución, vía administrativa, de estos supuestos.

-Parece que el planteamiento general era que en la Región de Murcia existía una trama organizada que se estaba repartiendo el agua. ¿Había tantos casos como para pensar que estaban conectados; o era acaso una mera suma para llamarlo trama? ¿No cree que debía haberse analizado pormenorizadamente, caso por caso, como el juez ha decidido ahora, en lugar de originarse ese daño a la imagen de Murcia? Se nos ve desde fuera como que todo el mundo estaba compinchado.

-Como todo planteamiento simplista, eso responde en parte a la realidad y en parte no. Lo que se advertía en aquellas fechas es que en Murcia, a diferencia de otras regiones, el agua es un bien muy escaso. Dentro de esta escasez, la utilización desmesurada o abusiva del agua supone un factor comparativamente importante en términos de ordenación del territorio y de poder económico. En una palabra, en otros territorios quizás no, pero en Murcia el agua, legal o ilegal, se convierte en economía en muy poco lapso de tiempo. Estos dos factores son esenciales y muy graves. Aquí influía también otra cuestión ceñida al contexto del Plan Hidrológico. No sólo en Murcia, sino en otras regiones, se vivió durante cierto tiempo con la idea de que el agua podía ser un recurso ilimitado.

-¿Sigue pensando que existía una trama?

-La palabra trama refleja de un modo no muy apropiado la realidad. Ya que cada supuesto de robo de agua se consuma en la propia utilización del agua. Eso genera evidentemente, no voy a decir que un delito, pero sí una situación ilícita para Murcia y los demás.

-¿Había un clima favorable para que eso se produjera?

-Más que un clima favorable, creo que había unos elementos. Por un lado el agua como un bien absolutamente escaso. Luego las expectativas del Plan Hidrológico. Estaba además una Administración sin duda poco preparada para luchar contra estos hechos... Así como una petición de las organizaciones sociales, de una parte de la sociedad murciana, de aclaración.

-¿Cree que la imagen de Murcia ha salido perjudicada?

-Creo que la imagen de Murcia hay que valorarla en el contexto general . En relación con un Plan Hidrológico que a mi modo de ver no consiguió pasar el abanico de una legislatura diferente al no existir una política de consenso. Creo que a medio plazo Murcia haría bien en determinar una autoorganización de sus recursos hídricos.

-Pero ha habido un marchamo que se le ha colgado a los murcianos cuando salían fuera: que si ladrones, insaciables, etc...

-Desgraciadamente muchas de estas imágenes que quizás parezcan simplistas tienen una parte de realidad. Muchas veces he advertido del urbanismo depredador de Levante. El tema del agua en Murcia tiene una parte en este contexto también negativa.

-¿Cree que algunos grupos, como organizaciones ecologistas y el PSOE, además de intereses de otras regiones, se han aprovechado de su instrucción en una época muy sensible para atacar el Plan Hidrológico del PP y el Trasvase de Ebro?

-En todo tipo de instrucción judicial siempre hay un aprovechamiento en un contexto o en otro por parte de cualquier grupo. Estos días he leído en su periódico que había una gestión nefasta del agua. Eso no lo he dicho yo. Sin duda que algunos lo pueden aprovechar, precisamente porque existe una realidad determinada. Pienso que la prensa ha hecho mucho trabajo en este sentido para la concienciación social sobre este tema. Creo que estamos avanzando.

-¿Es usted partidario del Trasvase del Ebro o del PHN del PP? ¿Era una clave a tener en cuenta ?

-No, vamos a ver. El Plan Hidrológico, independientemente de los problemas técnicos, no era un plan de consenso. Hay determinadas cuestiones que exigen un consenso entre autonomías o grandes partidos. Y si no, no sale. Por otro lado, se vendió la idea de que el agua es un recurso algo ilimitado. Creo que esto hizo mucho daño en aquellos años a la Región. A corto plazo esto es difícil de sobrellevar. Pero a medio plazo, una región con la potencialidad de Murcia, debía de ir a una optimización de sus recursos hídricos.

-¿Murcia es el paradigma del mal uso el agua, del robo del agua, cuando la ministra Cristina Narbona dice que en Castilla-La Mancha hay miles de pozos ilegales? Las Tablas de Daimiel no las ha secado Murcia. Ni ha secado el acuífero 23. Parece que se ha focalizado más en Murcia, cuando hay otras situaciones en el contexto general de España.

-Las características sociales, políticas, geográficas y coyunturales son diferentes de unas regiones a otras. Insisto en que la potencialidad económica del agua en Murcia es muy diferente y tiene más trascendencia. Con 1 hectómetro cúbico en Castilla-La Mancha se puede hacer muy poquita cosa. Con 1 hectómetro cúbico en Murcia puedes determinar una solución en términos urbanísticos.

-¿Pero 1 hm3 robado en Murcia, será igual de perseguible que 1 hm3 robado en Castilla-La Mancha?

-No se puede generalizar. Lo cierto es que nos encontramos, tanto la Fiscalía de Murcia como de Madrid, con una demanda planteada por un conjunto de organizaciones sociales y ecologistas, que obviamente son murcianas y velan también por la Región.

-¿Pero sería el mismo delito?

-En principio, las situaciones ilegales son efectivamente delito en cualquier sitio. Hay circunstancias que las podrían determinar, como es el daño a los ecosistemas. En el supuesto de Murcia todos los informes indican, al menos en las cabeceras, una reducción continua e histórica de los aportes hídricos.

-¿Cree que se debería investigar también en otras cuencas hidrográficas, aparte de la del Segura?

-Me imagino que en todos aquellos supuestos en los que de verdad se detecte un serio problema. Conocemos históricamente los problemas de determinados acuíferos vinculados al mantenimiento de Las Tablas de Daimiel. Pero probablemente no tiene el mismo contexto social que en Murcia.

-¿Se imagina usted en Murcia? Tendría mucho trabajo.

-Lo cierto es que le he cogido mucho cariño a la Región de Murcia. A las personas de Moratalla, de Architana, a los agricultores del campo de Cartagena, a la asociación Pro Río...

-A los anteriores dirigentes de la Confederación menos cariño, ¿no?

-Respeto profundamente el contexto en el que trabajaban. Parecía todo menos sencillo...

-¿Esa deficiente gestión del agua estaba limitada a la administración anterior, o venía de más atrás?

-Que yo recuerde, en el informe se menciona que era una situación histórica; y las organizaciones sociales parecen indicar que persiste en cierto sentido. Creo que efectivamente hay un comportamiento horizontal.

-¿Qué medios necesita la administración de justicia; y por qué no dispone de esos medios para combatir estas situaciones?

-En Madrid, uno de los temas más importantes y sensibles es el de las edificaciones ilegales en espacios protegidos. En la Fiscalía llevamos 10 años luchando contra este problema y advertimos que a veces no conseguimos grandes resultados. No basta con las denuncias en el juzgado. Ni siquiera con las sentencias condenatorias. Muchas veces nos encontramos, y es una constatación triste, con que el daño está hecho. Que las viviendas están hechas. Son de madera y se construyen en un semana. Y no conseguimos actuar eficazmente para demolerlas. En el supuesto de los robos del agua, probablemente ocurre lo mismo. Los mecanismos formales de la justicia sirven de poco; y lo cierto es que las administraciones no está preparadas para paralizar estas cosas.

-¿Y dónde está la solución?

-Desde la experiencia de Madrid, la solución pasa por un acuerdo político con la autonomía. Un fiscal debe sentirse respaldado por la autoridad autonómica. Hay que reconocer además que el contexto legal está escasamente preparado para las medidas cautelares. En cuanto a las extracciones de agua, necesitamos que se impida, con métodos informáticos de detección, que se abran pozos ilegales. Urgen medidas cautelares eficaces.

-¿Sus diligencias pudieron influir en decisiones políticas que luego tomó el PSOE? Cristina Narbona, nada más ser nombrada ministra, hizo unas declaraciones en las que valoraba su trabajo respecto de la Confederación Hidrográfica.

-Lo que sí le puedo decir es que tanto en la denuncia original como en todo el conjunto de la instrucción, aquí y en Murcia, no ha habido incidencia ni ningún otro factor ajeno a la Región. Ni tampoco de organizaciones políticas.

-Me refiero a la utilización política que se hizo.

-La utilización política de una y otra cosa es un elemento absolutamente imposible de determinar.

-¿Cree que cuando en una cuenca sobra agua no hay robos? ¿Aunque se esté robando?

-Todos sabemos que en cualquier cuenca hay personas que pinchan o hacen sus pozos. En una región que sobra agua, ni existe un problema social ni ambiental. Pero en una región como Murcia existe un problema de agotamiento de los recursos, de tal forma que quien detrae ilegalmente ese agua está perjudicando gravemente el interés colectivo. Si no conseguimos que en Murcia se valore el agua en lo que vale, no va a haber ordenación del territorio que se resista a la petición de nuevas viviendas de segunda residencia de extranjeros. No es lo mismo hacer un plan para 5.000 viviendas que para 50.

-Usted instruyó también el caso de la finca El Chopillo de Moratalla, sobre el cual el fiscal jefe de Murcia concluye que no hay delito de desviación de caudales. En cuanto a la otra denuncia por el uso indebido de ayudas europeas para la reforestación, los pronunciamientos de la justicia hasta ahora exoneran a los denunciados.

-Ahí había una cuestión competencial. Pero también es un tema en el que se ha avanzado mucho. A nivel personal me llevé una gran alegría el día que declaró el director general de regadíos, don Julio Bernal. Manifestó que se había excluido completamente cualquier caso de ayuda a todo terreno que no había sido objeto de labranza. Es decir a los terrenos de monte bajo y matorral, que tienen una trascendencia ecológica muy importante. En ese contexto también se ha avanzado desde la Administración autonómica.