-¿Es cierto que la anterior jefa del área jurídico-administrativa de la Confederación del Segura, María Vicenta Oliveros, viajó a Madrid para reunirse con usted y denunciar los hechos?
-Sobre eso no le puedo contestar por respeto a lo que ocurrió entonces y porque es un dato de la instrucción.
-El flamante ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que fue superior suyo en la Fiscalía del TSJ de Madrid, aludió en uno de sus oficios a un extraño accidente sobre el cual se había abierto una investigación, refiriéndose al accidente de tráfico en el que falleció Oliveros, su acompañante y un hijo de éste, cuando se dirigían a Madrid. Mencionó la palabra extraño. ¿En qué terminó esa investigación?
-Esa investigación no la llevó este fiscal. No tengo ningún elemento para pensar que ocurrieran ahí circunstancias extrañas. Pero lo cierto es que en el contexto de un tema como éste se producen situaciones que pueden sugerir que ha ocurrido más de lo debido. Ustedes conocen lo de la casa de esa familia de Moratalla; de ciertas agresiones que se denunciaron; de historias que cuentan de agricultores del campo de Cartagena que son relativamente graves...
-¿Entonces no piensa en una sucesión causal e inocente de desgraciados acontecimientos?
-No. Lo que quiero decir es que no tengo ningún elemento para pensar que hubiera en aquel accidente absolutamente nada ajeno a lo que son las circunstancias desgraciadas. Digo también que lo real es que existe una serie de cosas que hacen pensar que esta situación se está viviendo con demasiada intensidad por mucha gente. Del accidente no tengo ningún elemento, ni jamás lo voy a tener. Ni pienso que exista. Pero lo real...
-En una de sus diligencias apuntó que los anteriores responsables de la Confederación empezaron a actuar con más interés sobre los expedientes de robo de agua cuando la investigación de Fiscalía se les venía encima.
-No recuerdo esa circunstancia. Es cierto que la presión social, y si se quiere política y judicial, a veces puede ser un factor influyente. Sospecho que en esa situación la gestión de la Confederación se ha tenido que optimizar.
-El ex presidente de la Confederación, Juan Cánovas, dijo que había sufrido una inquisición cuando declaró ante usted. ¿Estaba ante un inquisidor?
-Pienso sinceramente que la Confederación no pensaba ni esperaba que un fiscal fuera a reclamar expedientes que estaban, digamos, en una habitación. Tampoco antes se había producido algo así. Creo además que las confederaciones no tienen a veces el perfil de un órgano capacitado o con facilidades para parar determinadas cuestiones.
-¿Pudo investigar con libertad durante el Gobierno del PP, estando Jesús Cardenal de fiscal general del Estado?
-Con franqueza que sí. Estuve respaldado o comprendido. O si se quiere ambas cosas.
-¿Y qué papel tuvo Mariano Fernández Bermejo, su superior ante y ahora ministro de Justicia, en el caso del robo de agua?
-En su condición de fiscal jefe de Madrid, cogió el tema como cualquier otro fiscal. Normalmente las investigaciones dependen del fiscal instructor. Existen cuestiones técnicas o formales que dependen más de la jefatura. En ese contexto, jamás he tenido una indicación. No recuerdo.
-¿Qué hacía un fiscal de medio ambiente de Madrid investigando el río Segura? El Segura no pasa por Madrid.
-Pues es cierto que el Segura no pasa por Madrid. La instrucción se inició porque el conflicto [los expedientes de sanción por los robos de agua] podía estar localizado en la Administración de Madrid o de Murcia. En ese momento conocíamos muy poco. Durante cierto tiempo la Confederación del Segura se mostró muy remisa a remitir los expedientes. A pesar de que somos un país en el que el agua, en algunas zonas, es un recurso escaso, había muy pocos casos reales de robo. El caso del Segura tenía una importancia social evidente. Un problema real que ningún fiscal podía ignorar.
Llega el 
