El magistrado Manuel Martínez Aroca, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, ha decidido archivar el caso del supuesto robo de agua en la cuenca del Segura, al no apreciar ninguno de los delitos denunciados por Ecologistas en Acción y otros particulares. El juez admite así la petición del fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, quien no encontró supuestos de prevaricación o de atentado contra el medio ambiente, tal como publicó La Verdad días atrás.
En un auto con fecha del pasado día 5, el juez da por buenas las conclusiones de la Fiscalía, después de una investigación que ha durado cuatro años durante su paso por Madrid y Murcia, y que tenía por objeto averiguar si los anteriores responsables de la Confederación Hidrográfica del Segura -entre ellos el ex presidente Juan Cánovas- habían tolerado una supuesta trama negra del agua.
En sus razonamientos jurídicos, el magistrado señala que en la investigación «no se han encontrado resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico» por parte de los funcionarios imputados.
Asimismo, sostiene que «no cabe la comisión por omisión de delitos contra el medio ambiente, salvo en los casos establecidos en el artículo 329 del Código Penal, que no es lo que tratamos en este momento».
Con relación a las usurpaciones de agua, el magistrado apunta que se debe dictar una resolución aparte en cuanto a su remisión a los juzgados competentes en razón del territorio. Esto último era lo que pedía el fiscal jefe López Bernal. Esa resolución aparte que queda pendiente incluye deducir testimonio por los regadíos ilegales denunciados y recogidos en los expedientes abiertos por la Confederación.
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