El fiscal jefe del TSJ, Manuel López Bernal, tampoco ha apreciado indicios de delito contra el medio ambiente que guarde relación con la explotación de los pozos de la finca El Chopillo, en Moratalla. La investigación sobre este finca ha ido paralela a la del presunto robo de agua en la cuenca del Segura, y los pronunciamientos de los tribunales no han encontrado materia delictiva.
En su escrito solicitando al juez el archivo de la causa contra los ex altos cargos de la Confederación, el fiscal jefe destaca que «por lo que atañe a los pozos de la finca El Chopillo, a los que se achaca la sequía de la finca La Architana, es preciso decir que la legalidad de los mismos fue resuelta por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Murcia; y que practicadas las oportunas peritaciones, en nada afectaba a la fuente Architana».
La Comisión Pro Río de Orihuela, que ha actuado durante estos años como acusación contra la Confederación, pidió ayer en un comunicado el cese del fiscal jefe de Murcia, Manuel López Bernal. Propone al fiscal general del Estado que «sea apartado de todos los procesos relacionados con el robo del agua en la cuenca del Segura». El portavoz de Pro Río, José Antonio Muñoz Grau, añade que archivar el caso de El Chopillo «es escandaloso y grave».
Apuntó en un comunicado que «ha tenido conocimiento de fuentes muy cercanas al proceso en la Fiscalía de Madrid, que fue precisamente el señor Bernal quien ayudó a doña María Vicenta Oliveros para que se entrevistara con el fiscal de Medio Ambiente de la capital [Emilio Valerio] y pusiera a su disposición toda la documentación que acreditaba el robo del agua en la cuenca del Segura». Pro Río remitió una copia de la carta de Valerio en la que hace referencia a López Bernal, según éste. «Nos parece escandaloso que el fiscal que ayuda en el inicio del proceso sea ahora precisamente el que desimputa a la cúpula del la Confederación y archiva el caso de El Chopillo», señaló ayer.
Ecologistas en Acción, por otra parte, recordó ayer que «siguen abiertos varios procedimientos sancionadores y penales por robos de agua», en relación al archivo pedido por el fiscal. Para esta organización, el fiscal «ratifica la situación de irregularidades en las aguas subterráneas, el descontrol y mala gestión de la Confederación», como ha denunciado reiteradamente. López Bernal ha pedido en su escrito que se investigue por separado, en los juzgados correspondientes, las denuncias por extracciones ilegales de agua.
