El fiscal jefe llega a la conclusión de que «durante años la gestión de distintas directivas de la Confederación Hidrográfica ha sido nefasta en lo que atañe a la evitación del uso ilegal del agua en toda la cuenca». Sostiene que los expedientes sancionadores mayoritariamente incoados por denuncias de pozos ilegales, que han dado lugar a ampliaciones indebidas de regadíos, «han terminado en numerosos casos por prescribir sin haberse satisfecho las multas impuestas y/o sin que conste que se haya decretado o llevado a cabo la clausura o cegamiento de los mismos».
Partiendo de ahí, el fiscal jefe comunica al juez de Instrucción que «no se detecta, sin embargo, la existencia de una organización dirigida a favorecer a los infractores. La negligencia de las distintas directivas, el desconocimiento y la apatía de determinados funcionarios, unida a la falta de personal para la tramitación de los expedientes sancionadores, han sido en nuestro criterio las causas determinantes de una situación de crisis en la gestión de la Confederación».
Sobre el delito de prevaricación, la Fiscalía apunta que «tal vez con el Código Penal de 1975 hubiera sido imputable [la «nefasta» gestión] a título de prevaricación culposa a la dirección de [la Confederación Hidrográfica] en distintas etapas, pero resulta en nuestro criterio atípica con el Código Penal vigente».
Concentración parcelaria
El fiscal jefe, por otra parte, pide que se tramite aparte la denuncia de la Asociación de Agricultores Afectados por la Concentración Parcelaria del Campo de Cartagena relativa «a la presunta desaparición de tierras».
