 LIBRE DE CULPA. Juan Cánovas, anterior presidente de la Confederación Hidrográfica, no cometió ningún delito, según señala ahora el fiscal. En la foto aparece al final de su mandato, mostrando todos los expedientes que investigaba la Fiscalía de Madrid y después la de Murcia. / G. CARRIÓN /AGM |
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DESDE EL 2002
DESDE EL 2002 |
Inicio: Las diligencias informativas 136/2002 por una presunta trama de robo de agua en la cuenca del Segura, con el consentimiento de la Confederación, se abrieron ese año por una supuesta denuncia formulada el 8 de julio por María Vicenta Oliveros, jefa del Area Jurídica de la Confederación que murió en accidente de tráfico. Su firma fue falsificada y la denuncia original se perdió de la custodia de Fiscalía. El primer instructor fue Antonio Camacho Vizcaíno, del TSJ de Madrid. Éste y Emilio Valerio, que concluyó la investigación año y medio después, estudiaron más de 600 expedientes, la mayoría meros trámites administrativos.
Envío a Murcia: El fiscal jefe de Madrid remitió las diligencias a Murcia el 19 de febrero del 2004. No vio delito en altos cargos del Ministerio. Ni trama organizada.
Más diligencias : La Fiscalía de Murcia pidió en junio del 2004 al juzgado que se citara como imputados a doce empresarios y ex dirigentes de la Confederación. Así como que se practicaran doce diligencias para analizar miles de expedientes entre los años 1997 y 2004.
No ve delito: La juez de Instrucción número 7 no apreció los delitos denunciados por Fiscalía, en una providencia de septiembre del 2004.
Expedientes: La Fiscalía ha analizado en el último año y medio un millar de expedientes. Considera que la gestión ha sido nefasta, pero no encuentra base para acusar de prevaricación a los anteriores gestores de la Confederación, principalmente a Juan Cánovas. |
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No hubo trama negra del agua; ni voluntad maliciosa; ni existió una organización dirigida a favorecer a seis grupos económicos con el robo de caudales; ni tampoco prevaricación de funcionarios y ex altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura. Así concluye el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, su investigación de los tres últimos años y solicita ahora al Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia el sobreseimiento y archivo de la causa, según ha podido saber La Verdad. Propone sin embargo que se investigue cada robo de agua por separado en su correspondiente juzgado; pero la causa general contra la Confederación decae.
La denuncia, que empezó investigando hace más de cuatro años el fiscal de Medio Ambiente del TSJ de Madrid, Emilio Valerio, se dirigió contra los anteriores responsables de la Confederación, baja la etapa del Partido Popular. En especial frente a Juan Cánovas Cuenca y el comisario de Aguas, José Alemán. Nunca se les llegó a acusar formalmente, pero en las diligencias de Fiscalía se les imputaba la eventual existencia de delitos de prevaricación, de usurpación de caudales públicos y contra el medio ambiente. Las primeras diligencias de Emilio Valerio, que dieron la vuelta al país, señalaban además que seis grupos económicos murcianos ligados a la agricultura y a la construcción podían haber estado robando agua y roturando terrenos de forma impune y con la complicidad de los responsables de la Confederación.
Dado que la Fiscalía madrileña no encontró materia penal para implicar a ningún alto cargo del MInisterio de Medio Ambiente, las diligencias llegaron a Murcia hace algo menos de tres años para que se siguiera investigando sólo en el ámbito del Segura.
Ahora, en su escrito dirigido al titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, con fecha del pasado día 9, el fiscal jefe considera que «no existe una organización dirigida a favorecer a los infractores» [los seis supuestos grupos económicos y empresariales que se denunciaron]. Tampoco observa que se hayan producido «resoluciones activas manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico» por parte de los anteriores responsables de la Confederación. Tampoco aprecia prevaricación de funcionarios y altos cargos «en su modalidad omisiva». En la misma línea, la Fiscalía del TSJ estima que la actuación de estos funcionarios «tampoco fue dolosa».
Estas conclusiones las obtiene el fiscal «después del examen de un millar de expedientes sancionadores, aportados por la Confederación Hidrográfica del Segura». Estos expedientes relativos a perforaciones de pozos ilegales, derivaciones y usurpaciones de aguas y ampliaciones ilegales de regadíos, se tramitaron entre los años 1997 y 2004. No se auditó pues la gestión hidráulica durante el anterior mandato socialista, pese a que la investigación inicial de la Fiscalía madrileña se remontaba hasta el año 1985.
Una vez examinados estos expedientes, el fiscal jefe murciano considera que «no se descubre un trato discriminatorio entre los afectados por dichos expedientes que permitan sostener la existencia de una voluntad dirigida consciente y maliciosamente a imponerse frente al ordenamiento jurídico».
Con relación a las usurpaciones de agua que se han cometido entre 1997 y 2004 , la Fiscalía entiende que «no están conexas al delito de prevaricación», por lo que solicita que se deriven las causas a los juzgados territoriales.
El fiscal jefe había solicitado al juez de Instrucción, en junio del 2004, que se citara como imputados a once empresarios murcianos; así como a los ex dirigentes de la Confederación.
