Al menos seis funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente han declarado en la última semana ante el fiscal jefe del TSJ que se habían opuesto e informado negativamente sobre la recalificación de terrenos en la finca La zerrichera de Águilas. Lo hicieron antes de que la Consejería que dirigía Francisco Marqués siguiera adelante con la desprotección y de que el director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, firmara la Declaración de Impacto favorable.
La última en declarar que se había opuesto a la recalificación -destinada a construir la urbanización del Grupo Hispania- fue otra funcionaria que acudió ayer al despacho del fiscal jefe, Manuel López Bernal. La semana pasada lo hicieron los técnicos y funcionarios de la Dirección General de Medio Natural, quienes se ratificaron en el primer informe del 31 de agosto del 2004 que consideraba incompatible la urbanización. Ese mismo día, el ex director general Carlos Brugarolas también mantuvo las conclusiones de su informe. El viernes pasado, otra funcionaria, M. J., también testificó que se había mostrado contraria a la urbanización, a la vez que aportó nueva documentación al fiscal jefe.
Precisamente una de las funcionarias adscrita a la Comisión Técnica de Medio Ambiente rechazó en su día la aprobación de la recalificación de los terrenos cuando este asunto se incluyó en el orden del día, según ha podido saber La Verdad. Asimismo, otras fuentes consultadas precisaron ayer que no existe como tal un informe jurídico previo que respaldara la desprotección de terrenos, puesto que el documento que elaboró un letrado de la Consejería se firmó el 4 de noviembre, dos semana después de que lo hiciera Alvarado. A menos que exista otro informe anterior, la decisión se pudo tomar sin el suficiente respaldo jurídico.
El presunto delito de prevaricación que pudiera existir en este caso estaría relacionado con el hecho de que dentro de la Consejería que dirigía Francisco Marqués se tomaron decisiones favorable a la urbanización en contra de los informes y las advertencias de los funcionarios.
Entre la copiosa información, se ha comprobado igualmente que el jefe de Servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, emitió un informe favorable a la recalificación (la evaluación de las repercusiones sobre la Red Natura 2000) un día después de que firmara su superior, Antonio Alvarado. Ese informe precisamente debía servir de base para la Declaración de Impacto, que se había firmado 24 horas antes. Asimismo, Sánchez Gelabert elaboró y firmó su informe un día después de que se presentaran en la Consejería los trabajos privados pagados por la promotora, el Grupo Hispania, de los cuales tenía el encargo de analizar y evaluar.
