El acoso laboral en las administraciones públicas será considerado una falta muy grave, sujeta a separación del servicio o al despido, según recoge el proyecto de ley del Estatuto del Empleado Público, aprobado a última hora de ayer por el Congreso . La norma afectará a 2,5 millones de trabajadores de las tres administraciones. El texto ha pasado al Senado para proseguir su tramitación parlamentaria con abstenciones procedentes del grupo mixto y con los votos en contra del PP, cuyos diputados mantienen que el Gobierno hace dejación de las competencias del Estado en el proyecto elaborado.
Otros cambios introducidos en el documento durante su debate en la Cámara Baja se refieren a la posibilidad de que los empleados públicos se acojan a la jubilación parcial a partir de los 60 años y al establecimiento de dos días de permiso adicional por cada trienio de antigüedad cumplido a partir del sexto. Asimismo, los diputados han dado el visto bueno a que las comunidades y ayuntamientos puedan convocar como plazas fijas las interinas de su ámbito, iniciativa que afectará a unos 300.000 trabajadores de todas las administraciones. El futuro Estatuto también recoge la creación de un nuevo grupo de empleados públicos, denominado con la letra B para los estudiantes de la formación profesional.
Julio Padilla, del PP, explicó que el rechazo de su grupo obedece a que el Gobierno ha hecho dejadez de las competencias del Estado en pro de los partidos nacionalistas. A su juicio, la ley abandona la cohesión social territorial y establece un sistema de selección de personal «lamentable».
