El acuerdo estipulaba las indemnizaciones que Caracas pensaba ofrecer a los dos deportados y a sus familiares. En el caso de Galarza las cantidades estipuladas suman un total de 132.000 euros, entre lo destinado al propio Galarza, a su esposa y a su hija en concepto de «daño moral», por los tres años en los que estuvo encarcelado, la inestabilidad económica causada y el lucro cesante.
Sebastián Etxaniz y su compañera sentimental, por su parte, recibirían 193.000 euros, además de una pensión mensual para la pareja del miembro de ETA por importe de 750 euros mensuales, que se actualizarían anualmente de acuerdo con el IPC español. En este caso, el «daño moral» que se reconoce se deriva de «los sufrimientos causados a su persona y familiares» por los años de prisión cumplidos y los que cumpla y «por las torturas recibidas», entre otros conceptos.
Además, para «garantizar la integridad física y moral» del miembro de ETA, el Gobierno de Venezuela se comprometía a realizar gestiones ante las autoridades españolas para que Etxaniz pudiera cumplir la pena «en un recinto carcelario cercano a su lugar de origen, tal como establecen las normas internacionales».
