Hugo Chávez garantizó ayer a España que no concederá la nacionalidad a los cuatro miembros de ETA que pretendían evitar su extradición a España ni concederá indemnización alguna a otros dos etarras entregados a la justicia española en 2002. El Ejecutivo venezolano admitió ante la embajada española en Caracas que el acuerdo para favorecer a los presuntos terroristas existe, pero aseguró que se produjo «de espaldas al Gobierno central» y que no cuenta con su autorización. La respuesta del dirigente sudamericano llegó a última hora de la tarde, después de que el Gobierno español tratara sin éxito durante horas de aclarar lo ocurrido. El Ministerio de Exteriores optó por exigir «explicaciones urgentes» y «en su caso una rectificación» a través del embajador Raúl Morodo, que finalmente fue escuchado.
Según el acuerdo extrajudicial, el Gobierno de Venezuela se comprometía a pagar una indemnización por importe de más de 325.000 euros a los etarras Sebastián Etxaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola por haberlos entregado en el año 2002 a la justicia española. Además, como parte del acuerdo, el ejecutivo de Hugo Chávez ofrecería la nacionalidad venezolana a otros cuatro miembros de ETA residentes en el país como garantía para evitar su posible extradición a España, según consta en el documento pactado.
Etxaniz Alkorta, antiguo miembro del 'comando Vizcaya', se encuentra cumpliendo condenas que suman 95 años de cárcel por tres asesinatos, mientras que Galarza Mendiola quedó en libertad después de permanecer en prisión durante tres años. Los dos etarras fueron detenidos por la policía de Venezuela en el año 2002 y deportados a España, donde fueron encarcelados y juzgados ya que ambos estaban reclamados por la Audiencia Nacional.
Deportación ilegítima
Sus abogados presentaron, en noviembre de 2002, una denuncia contra el Estado de Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por presunta deportación ilegítima. La denuncia fue admitida a trámite el pasado mes de marzo, lo que motivó que se abriera una negociación entre el Gobierno de Hugo Chávez y la representación de los dos etarras que culminó con un acuerdo el pasado mes de junio.
La noticia del acuerdo suscrito por el gobierno de Caracas con los abogados de los dos terroristas extraditados llegó el martes a la prensa española, cuando Zapatero se encontraba de viaje en Senegal para sellar con el presidente Abdulayé Wade los acuerdos alcanzados en los últimos meses en materia de inmigración. La primera reacción del jefe del Ejecutivo fue de cautela. En una rueda de prensa, pidió tiempo para comprobar la veracidad de las informaciones y evitó pronunciarse sobre las posibles repercusiones diplomáticas de una actuación semejante. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sí advirtió en cambio desde Bruselas que España consideraría «inaceptable» el trato favorable a los miembros de ETA.
Se da la circunstancia de que el presidente del Gobierno había hablado y felicitado por teléfono a Chávez este mismo lunes, tras su victoria en los comicios del domingo. Entonces aprovechó para desearle éxitos en su gestión -según asegura el Ejecutivo- pero ni conocía ni sospechaba la intención de Venezuela de conceder la nacionalidad a Eugenio Barrutiabengoa, Lorenzo Aiestaran, Jesús Ricardo Urteaga y Miguel Ángel Aldana, y de compensar a Sebastián Etxkaniz Alkorta y Juan Víctor Galarza Mendiola con 3.500 euros por haber permitido su entrega a España.
Dificultades
Fuentes del Ejecutivo justificaron la «prudencia» del presidente del Gobierno en sus «dificultades» iniciales para confirmar la información con las autoridades de Venezuela. La Moncloa apuntó como motivos de esta tardanza la diferencia horaria con el país sudamericano y el ajetreo en el que está sumido estos días un país entregado a los fastos por la reelección de Chávez.
Zapatero se limitó así a asegurar que el Ministerio de Exteriores estaba realizando las «gestiones oportunas» para conocer el «alcance» y la «exactitud» de los sucesos y a garantizar que en su momento tomaría la «iniciativa» correspondiente. Lo que no aventuró entonces, ni aclararon después las fuentes consultadas en Dakar, es qué consecuencias tendrá para las relaciones entre España y Venezuela este episodio que, reconocieron, les suscita «preocupación».
En cualquier caso, lo ocurrido tendrá ya consecuencias judiciales. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó ayer la revisión, juzgado por juzgado, de todas las causas abiertas contra los etarras residentes en Venezuela. Se trata de saber si aún es posible reclamar su extradición.
El portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, insistió en que es necesario que el Gobierno proteste ante Venezuela en el caso de que haya habido «el más mínimo intento» para otorgar un trato de favor a etarras residentes en el país.
