Como los médicos o los farmacéuticos, la Constitución le permite también a los constructores poder presentarse como candidatos a unas elecciones. Otra cosa es que por razones de ética y estética los constructores no sean concejales de Urbanismo, y con el PP no lo serán». Estas declaraciones aparecieron el 29 de mayo de 1995 en la página 14 de La Verdad y pertenecen a la primera entrevista que Ramón Luis Valcárcel concedió tras la arrolladora victoria electoral que le llevó a la presidencia de la Comunidad Autónoma.
Once años después, al PP le ha surgido un grave problema en San Javier por consentir lo que su presidente dijo que no permitiría. En este municipio del Mar Menor de poco más de 26.000 habitantes el constructor y promotor inmobiliario no es el concejal de Urbanismo, sino el alcalde, José Hernández, quien además presume de ello: «Soy aparejador, constructor y promotor; llevo más de treinta años trabajando en esto y tengo mil socios», declaró el primer edil a este diario hace unos días cuando fue preguntado por el sentido de una de sus sociedades.
El alcalde cobra en la actualidad unos 40.000 euros al año del Ayuntamiento, en el que sólo tiene dedicación parcial, pero como se gana verdaderamente la vida, según sus declaraciones, es con sus negocios inmobiliarios, que le han llevado a asociarse con los principales promotores del municipio.
Negocios turísticos
Hernández llegó a la alcaldía en julio de 1999, tras una legislatura como concejal de Hacienda, y por entonces se presentaba como aparejador de profesión y con negocios turísticos en La Manga y proyectos en marcha en el sector de la construcción en lugares bastante más lejanos, como Santo Domingo.
Antes de acceder a la presidencia de la corporación municipal, Hernández había tenido relación con Grimanga, una de las principales promotoras de La Manga. Su dedicación municipal no obstaculizó su carrera empresarial, más bien la impulsó.
En otoño de 1999, siendo ya alcalde, constituye al 50% con Francisco Javier Gracia Gómez, máximo accionista de Himoinsa, Viviendas Unifamiliares del Caribe S.L. para promover casas en el extranjero. En el 2003, los dos socios acometen una importante ampliación de capital de 323.000 euros que suscriben a partes iguales, a pesar de lo cual el alcalde vendió su participación en esta sociedad poco después.
Compra y venta
En diciembre del año 2002, José Hernández amplía sus lazos empresariales al asociarse con Santiago Martínez Esparza, propietario de Urdemasa, y Javier Gea Martínez en Termal La Manga S.A., con un capital social de 60.200 euros, de los que el alcalde suscribió el 22%. Este negocio tampoco le duró mucho a Hernández, ya que tres años después la sociedad la compró el empresario Trinitario Casanova, presidente del Grupo Inversor Hispania.
A pesar del escaso éxito de sus iniciativas empresariales anteriores, el alcalde volvió a intentarlo en febrero del 2004, a través de la sociedad Nueva Valencia al Mar, S. L., constituida junto con Santiago Martínez Esparza y Juan Gracia Jiménez, responsable de la promotora Peinsa. Tampoco en esta ocasión llegó a buen puerto la experiencia, y Hernández vendió su parte de Nueva Valencia al Mar en la primavera de este año, después de que saliera a la luz pública el escándalo al descubrirse que tenía negocios con los propietarios de Urdemasa y Peinsa, dos de las principales promotoras del Mar Menor.
Curiosamente, mientras que al alcalde, aparentemente, no le han salido bien sus proyectos mercantiles, sus socios sí que han tenido éxito en los proyectos que han desarrollado en el municipio que él gobierna.
Urdemasa es una de las principales adjudicatarias de obras municipales. Hernández niega esta afirmación alegando que «de los 80 contratos realizados en los últimos años, Urdemasa sólo se ha llevado 13». Pero han sido de los más importantes: la Facultad del Deporte, la nueva Casa Consistorial, un parking subterráneo, una piscina cubierta, una escuela de educación infantil, la biblioteca municipal...
Urdemasa ha promovido además el plan parcial de usos terciarios de Sucina y el plan parcial Roda Golf, además de suscribir un ventajoso convenio urbanístico por la cesión de una parcela para el nuevo hospital comarcal.
Peinsa ha desarrollado el plan parcial Señorío de Roda y el de San Blas; Himoinsa es la promotora de un plan parcial industrial, cuya aprobación inicial se hizo por medio de un decreto del alcalde, y el Grupo Hispania gestiona un centro comercial en San Javier.
En ocasiones, los socios del alcalde no sólo son objeto de adjudicaciones o aprobación de proyectos. El pasado 27 de octubre, José Hernández nombró coordinador de seguridad y salud de las obras del modificado de la biblioteca municipal a Javier Gea Martínez, arquitecto técnico y socio suyo, según consta en el decreto nº 2606/06.
La concejal empresaria
A este maremágnum de relaciones públicas, societarias, empresariales y de amistad se unió la concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Eva María Pérez. A pesar de carecer de experiencia en el sector inmobiliario, la edil llegó a compartir hasta junio del 2006 consejo de administración con lo más selecto del sector inmobiliario local (Urdemasa, José Díaz García, S.A, y Grimanga) en la sociedad Desarrollos Urbanísticos Los Faconos.
Como socia de la concejal figuraba María del Carmen Jiménez, también totalmente ajena al sector, pero esposa del jefe de gabinete del alcalde, Luis Carlos Moya, quien sí posee vínculos con la actividad constructora.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia sigue desde hace meses el hilo de este entramado de sociedades y, según fuentes judiciales, podría empezar a adoptar decisiones en las próximas semanas.
