Mientras la polémica sobre la urbanización de Lo Poyo no ha terminado, otros casos de supuestas irregularidades urbanísticas ponen el foco sobre el Ayuntamiento de Cartagena. Y es que, debido a denuncias de particulares, empresas y colectivos ciudadanos, agentes de la Guardia Civil se han personado en las últimas semanas en la sede del consistorio para buscar y revisar documentación relativa a varios expedientes urbanísticos.
Según ha sabido La Verdad, estas investigaciones están dirigidas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y tienen como objeto detectar si se han producido infracciones de tipo urbanístico o contra el medio ambiente.
Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía del TSJ, que trabaja en coordinación con las autoridades judiciales de Cartagena y que en los últimos meses no ha dejado de recibir peticiones para que presente denuncias o querellas contra cargos municipales.
Según estas fuentes, los agentes policiales no han realizado sus pesquisas en función de órdenes de registro, sino a efectos de recabar información válida para las diligencias informativas abiertas por el Ministerio Público.
Dentro de su actividad de control del Ayuntamiento, sobre todo de la Concejalía de Urbanismo (que dirige Agustín Guillén), la Fiscalía decidió reabrir las diligencias sobre la recuperación del Teatro Romano, que había archivado.
Proyectos en la costa
Esta investigación, que según esas fuentes está «bastante avanzada», parte de una denuncia de la Plataforma Virgen de la Caridad, que afirma que las obras de recuperación del Teatro Romano y su entorno están causando graves daños a la Catedral Vieja.
Aunque no ha trascendido el nombre del resto de expedientes que revisa la Fiscalía, la alusión a los posibles delitos medioambientales indica que puede tratarse de proyectos urbanísticos en la costa. Varias fuentes señalan que propietarios de origen extranjero con propiedades en el litoral han puesto varias denuncias en conocimiento de las embajadas de sus países en España y del Ministerio de Medio Ambiente español. Esto habría catapultado actuaciones de Fiscalía.
A título particular, el ex gerente del Hospital Perpetuo Socorro, José Hernández Mondéjar, ha presentado una denuncia contra la alcaldesa, Pilar Barreiro, y Agustín Guillén por un supuesto deslinde ilegal en una casa anexa a su vivienda de La Manga. Hernández, que mantiene un enfrentamiento soterrado con ambos por la negativa municipal a declarar en ruina el citado hospital, ha prestado ya declaración en la sede de la Fiscalía en Murcia.
El pasado 16 de septiembre la empresa Netham Holdings Ltd. presentó en Cartagena una denuncia por una presunta licencia de obra ilegal en El Carmolí (Los Urrutias) concedida por el Ayuntamiento a un trabajador de General Electric. Una copia de esta denuncia la ha remitido al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Y la Fiscalía investiga, a petición del PSOE regional, si empresarios vinculados a la caja vasca Kutxa y a Juan Antonio Roca [ex asesor de Urbanismo de Marbella] compraron por 213 millones de euros la finca rústica Lo Poyo con garantía municipal de recalificación.
