La aprobación, ayer, por la Comisión de Justicia del Congreso, de la ley que permitirá el cambio registral de sexo supone un paso más del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el cumplimiento de sus promesas legislativas en ámbitos relacionados con la moral y las costumbres, que ya pueden considerarse señas de identidad del Ejecutivo socialista. La norma, que en su fase de anteproyecto se denominaba Ley de identidad de género y ahora Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, pasa directamente al Senado sin el trámite de aprobación en pleno.
Tratándose de una materia cuya regulación, lejos de ser caprichosa, obedece a un derecho sustentado en el respeto a la dignidad de las personas, el trámite en la Cámara Alta podría ser ocasión para obtener del Grupo Popular el apoyo que le ha negado en el Congreso, al pretender que los solicitantes de cambio de género en el Registro Civil se sometan a una intervención quirúrgica y obtengan sentencia judicial favorable a su pretensión. La posición de los populares equivale a que siga como está la situación de los transexuales que, aun siendo una minoría sin cuantificación exacta -entre 3.000 y 8.000 personas-, merecen insertarse socialmente con la misma naturalidad que el resto de la ciudadanía. No es previsible, por tanto, que esta ley alcance más consenso parlamentario del hasta ahora cosechado, pero quizás habría posibilidad de acercamiento entre el partido gobernante y el principal de la oposición si al proyecto se le aplicara en el Senado una corrección ya señalada cuando salió del Consejo de Ministros. Se trata de dotar de mayor solvencia a uno de los requisitos para la modificación registral de sexo, que la ley estipula en la aportación un diagnóstico de disforia de género firmado por cualquier médico o psicólogo. La rigurosidad en los requisitos exigibles para el cambio en el Registro Civil no debe resultar humillante, traumática o económicamente imposible para los solicitantes, pero sí han de tener el rigor suficiente para evitar que esta nueva ley sirva de coladero para actuaciones fraudulentas relacionadas con la identidad de las personas, por ejemplo, de quienes son perseguidos por la Justicia.
