Viernes, 3 de noviembre de 2006
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OPINIÓN

LA TRIBUNA DE 'LA VERDAD'
Lo Poyo interruptus
El profesor Esteve Selma tercia en la polémica urbanística de Lo Poyo y opina que «lo que necesitamos con más urgencia son acuerdos para racionalizar este tsunami urbanístico, que nos está limitando gravemente las opciones de desarrollo futuras. Primero, urge cambiar drásticamente los marcos legales, el básico y posteriormente el autonómico.»
Hace veinticinco años que obtuve los primeros datos sobre el saladar de Lo Poyo para mi tesis sobre fauna y ordenación territorial en el Mar Menor. Por entonces conocí al Sr. Armengol, propietario de la finca. Me encontró recogiendo trampas de caída para coleópteros. Le expliqué la relevancia de aquel territorio para muchas especies de insectos y otros componentes de la biodiversidad. El asintió. Unas semanas después todo el área de muestreo amaneció roturada. Posteriormente fueron escombros, después herbicidas y por último arranque de los Tamarix boveana que allí se daban, especie arbórea que constituía una parte relevante de los valores de este antiguo lagoon, de más de 200 hectáreas, conocido a principios del pasado siglo como el pantano de Los Cuencas y anteriormente como la Laguna de San Ginés, nombre que debería haber mantenido.

Lo Poyo ha salido y entrado en mi vida varias ocasiones. Unos años después me tocó trabajar muy activamente con mis compañeros ecologistas en la redacción de una ley de ordenación y protección del territorio, en la que tuve la ocasión de delimitar y dar nombre al Paisaje Protegido de Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, en el que quedaba incluido Lo Poyo. Posteriormente, como diputado ambientalista en la asamblea regional, en representación de IU, tuve la oportunidad de colaborar muy directamente en la redacción de la Ley 1/95 de Protección del Medio Ambiente, ley marco que incluía una tutela ambiental específica para las modificaciones del planeamiento urbanístico y las urbanizaciones. Esta exigencia, obviada en su prepotencia por los promotores de la primera recalificación urbanística de Lo Poyo, sirvió para que ANSE torpedeara legítimamente todo el proceso. ¿Cuánto debe esta región a Ecologistas en Acción y a ANSE (y a ANIDA, Caralluma, etc.)!. Algún día habrá que reconocérselo.

Ahora nos encontramos que nuestro presidente Valcárcel aduce razones morales y de técnica administrativa para una nueva paralización del proyecto urbanístico de Lo Poyo. Lo hace con tanta teatralidad que parece un profesional de la escena. La realidad es que, de nuevo, el proyecto huele que apesta a irregularidades y decisiones político-administrativas difíciles de defender. Obviamente ha preferido precipitarlo de inmediato a esperar fechas más próximas a las elecciones locales y regionales. Se empieza a tener miedo a los tribunales y eso es bueno. Con anterioridad ocurrió algo parecido con La Cerrichera o Puerto Mayor. En la recámara están otros tantos proyectos con irregularidades manifiestas (Novo Cartago, la adaptación del PGOU de Murcia, La Morra, Cueva Negra, Senda de Granada, La Montaña, etc.).

La realidad es que el problema no se reduce a casos como estos, de por si muy importantes, donde las corruptelas son moneda corriente. Sobre estos la justicia debe actuar con energía y celeridad, lo que desgraciadamente no resulta frecuente. Pero el problema no es circunstancial, de unos casos concretos, sino estructural. Más de 200.000 nuevas viviendas aprobadas ya por la comunidad autónoma y otras 600.000 en otros niveles de tramitación, según la contabilidad más completa realizada hasta el momento, todo ello en un marco normativo básico que facilita, entre otras cosas, la hipertrofia urbanística y la opacidad y con una legislación regional que, a mi entender incluye fraudes de ley, como la computación de edificabilidad en espacios protegidos, al considerarlos parte de los sistemas generales. Desde hace diez años Murcia asiste a un crecimiento exponencial en la construcción de vivienda y en el consumo de cemento. Estamos devorando sin demasiado sentido nuestro propio territorio. Cada nuevo ladrillo supone un poco menos de calidad de vida para los murcianos. Y si no, recordemos, por ejemplo, los colapsos cotidianos que sufrimos en el tráfico. No somos aún la comunidad con más superficies artificiales o urbanizadas, pero si la que está aumentando a mayor velocidad y esta aceleración es muy mala consejera de la sostenibilidad.

Se ha hablado de pactos para una nueva ética urbanística. Estupendo, pero lo que necesitamos con más urgencia son acuerdos para racionalizar este tsunami urbanístico, que nos está limitando gravemente las opciones de desarrollo futuras. Primero, urge cambiar drásticamente los marcos legales, el básico y posteriormente el autonómico. Mientras tanto, dos ideas, entre varias: I) Tramitar todos los planes municipales de ordenación por la ley 9/2006 que exige un informe de sostenibilidad ambiental. II) Incluir en los criterios para dicho informe, umbrales de cambio de uso que no sea posible superar. Por ejemplo, para cada municipio y década un desarrollo máximo de suelos urbanizables que suponga una cifra igual o inferior al 30% de la población o del suelo urbano existente en este momento. Este es el camino emprendido por Andalucía. Esa cuota podría variarse a la baja en función de la insensibilidad ambiental y social mostrada por cada ayuntamiento, beneficiando a aquellos que dispongan de Agendas 21 locales activas, de una evolución positiva en sus indicadores de sostenibilidad ambiental, de técnicas de corresponsabilidad ciudadana o de una política de vivienda social eficiente. En cualquier caso, urge pasar de un Lo Poyo interruptus a un stop general a la especulación y urbanización masiva de la Región de Murcia. No seamos necios y no confundamos valor con precio. Murcia No Se Vende.

Miguel Ángel Esteve Selma es profesor de Ecología y miembro de Ecologistas en Acción,

 
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