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EFE
Murcia
Viernes, 12 de enero 2018, 17:11
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Podemos ha registrado en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley de publicidad y comunicación institucional para adecuar esta materia a los estándares europeos y evitar el autobombo del Ejecutivo murciano "a costa del dinero de todos".
En un comunicado, el secretario general de la formación morada, Óscar Urralburu, ha dicho que la responsabilidad de los partidos es garantizar por ley "la separación efectiva entre la necesaria comunicación institucional y la publicidad y la manipulación del Gobierno".
Según Urralburu, además de "controlar" los contratos, la proposición va a permitir garantizar el principio de transparencia, libre concurrencia y adecuación a los medios regionales según sus índices de impacto y distribución territorial, "evitando la lógica del premio y castigo que aplica" en su opinión la portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo.
Para el líder de Podemos, es un "secreto a voces" cómo se usan el dinero y las administraciones públicas para "beneficio" del PP, por lo que la propuesta legislativa pretende evitar que el Gobierno regional siga haciendo "autobombo a costa del dinero de todos".
Con esta norma se garantizaría que los medios públicos sirvan al interés general y procuren información "indispensable para la salud democrática de toda sociedad".
Ello impediría que "se vean sometidos" al Ejecutivo murciano "a base de coacciones en su financiación, lo cual es extrapolable al resto de medios de comunicación privados".
Urralburu ha vaticinado que si se aprueba, la calidad democrática y el trabajo de "muchos" periodistas y medios de comunicación "saldrá de la "precariedad" a la que les "somete" el Ejecutivo murciano.
"Ya no podrán amenazar con retiradas de campañas publicitarias en caso de informaciones que no sean beneficiosas para el Gobierno de turno", concluyó.
Podemos registró este viernes una pregunta en la Asamblea a Arroyo para saber si dos entrevistas realizadas en noviembre y diciembre de 2017 al presidente murciano, Fernando López Miras, en dos diarios nacionales forman parte de una campaña de publicidad institucional "pagada por fondos públicos" o ha existido "algún tipo de acuerdo transaccional vinculante con estas empresas de comunicación".
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