Mi piso tiene seis estrellas

Mi piso tiene seis estrellas

La Región ya tiene más plazas disponibles en viviendas de uso turístico (77.000) que en alojamientos reglados (55.790), mientras los hoteleros reclaman desde años un decreto que regule un negocio mayoritariamente alegal, y que la Comunidad no tendrá listo al menos hasta 2019

Daniel Vidal
DANIEL VIDALMurcia

Ponerse a buscar a las puertas del verano un coqueto apartamento con terraza, piscina y aire acondicionado, en la Costa Cálida, que no pase de 50 euros la noche (o 40, o 30, si uno va más apretado de presupuesto), durante la segunda semana de agosto, en plena temporada alta, ya no es ninguna odisea digna de Ulises. Con estos parámetros, y en pocos segundos, salen decenas de ofertas a golpe de ratón en Airbnb, la plataforma que ha venido a revolucionar el alquiler de viviendas particulares para períodos vacacionales y, en definitiva, todo el sector turístico. La proliferación de páginas repletas de propiedades al servicio del turista ha venido a poner las pilas también a las comunidades autónomas, que se han apresurado a actualizar sus normativas para regularizar la actividad. La Región de Murcia, sin embargo, es una de las pocas comunidades que en los últimos años no ha publicado un nuevo reglamento adaptado a una realidad que en la Región ya está levantando ampollas.

Tal y como recuerda cada cierto tiempo, instigado muchas veces por la patronal hotelera, el Gobierno regional trabaja desde hace más de dos años en un nuevo decreto que regulará estas viviendas destinadas al alquiler vacacional, diferente al que prepara para ordenar los apartamentos turísticos y que verá la luz «en unas pocas semanas». Según el director del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, «la diferencia entre un modelo y otro es como la diferencia existente entre los hoteles de una y cinco estrellas, por hacerlo ilustrativo. Los requisitos exigidos no son los mismos». Por lo general, los apartamentos se ordenan en un mismo edificio bajo el paraguas de una sociedad o empresa turística, mientras las viviendas de uso turístico, en teoría, pertenecen a particulares que ofrecen su vivienda de forma independiente. Aunque cada vez con más comodidades y profesionalidad en un auténtico mar de opciones.

«El Gobierno regional debe regular de inmediato un modelo que genera una grave disrupción en el sector; no podemos pasar de la turismofilia a la turismofobia», advierte Hostemur

En cualquier caso, el nuevo reglamento de viviendas de alquiler vacacional está aún en fase de audiencia pública y sigue su curso por los innumerables meandros de la Administración. Sin prisa, aunque el Gobierno regional también defiende que sin pausa. «El proyecto tiene que pasar todavía por diversos trámites, como el informe del Consejo Económico y Social, el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos y el dictamen del Consejo Jurídico. Esperamos que se pueda aprobar en el año 2019», según fuentes de la Consejería. Pese a todo, la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) revela con cierto desánimo que «desde el Gobierno regional nos aseguran que el decreto no entrará en vigor hasta dentro de tres años, como pronto».

Cartagena crece al 73%

Mientras tanto, los pisos al servicio del visitante que se publicitan en diversas plataformas online siguen multiplicándose sin ningún tipo de control. Desde Águilas a San Pedro del Pinatar, en el campo o en la playa, al gusto del cliente y su estancia, ya sea en solitario, en pareja, en familia más o menos numerosa, con o sin mascota, para pasar solo unos días o para un mes entero. Y con unos precios con los que los hoteles no pueden competir ni haciendos las mayores virguerías comerciales. La proliferación es tal que, de hecho, el número de plazas disponibles en este tipo de alojamientos particulares (77.000, según las estimaciones de la Consejería), ya supera el número de plazas regladas en hoteles, apartamentos, campings y casas rurales (55.790) en toda la Región, y duplica el total de la Costa Cálida (34.298).

De las 77.000 plazas en viviendas de uso turístico destinadas al alquiler en la Región, unas 60.000 están pendientes de clasificación y su situación es «alegal»

De ellas, 60.000 están en situación «alegal», según el Instituto de Turismo. Es decir, no están clasificadas. Y no son solo apartamentos. Se puede alquilar desde una habitación en la casa del huésped (o 'host'), hasta chalés más o menos lujosos, dúplex, tríplex, casas rurales completas a disposición del mejor postor... Además, el aumento del número de viviendas destinadas al alquiler vacacional alcanza el 73% anual de media en municipios como Murcia y Cartagena. En Águilas y Mazarrón, ese incremento llega hasta el 83%, que se dispara aún más en localidades del interior como Cieza (117%), Moratalla (119%) y Torre Pacheco (159%). Así, es de suponer que las plazas disponibles seguirán creciendo de una manera exponencial. Y eso que estos son algunos de los datos de la web Airdna, que analiza los impactos reflejados en la plataforma Airbnb en relación a precios, ocupaciones y alquileres disponibles solo en esa web. De esos datos se desprende también que Cartagena, por ejemplo, es la ciudad de la Región con más alojamientos disponibles, con un precio medio de 70 euros la noche, muy por encima de los 51 euros de San Pedro del Pinatar o los 53 de Murcia.

El número de inmuebles particulares a los que sus propietarios sacan rédito en Airbnb aumenta un 73% al año en Murcia y Cartagena, y un 83% en Águilas y Mazarrón

Sin embargo, una muestra palmaria del descontrol en el crecimiento de apartamentos turísticos es que ni siquiera la propia plataforma Airbnb, líder indiscutible de este nuevo modelo, ofrece el número total de pisos que tiene disponibles en la Región en su web. «No contamos con los datos desagregados», zanjan fuentes de la compañía. Solo con un vistazo en Airdna, eso sí, se pueden estimar más de 6.000 alquileres repartidos por toda la Región con el sello de Airbnb, más de la mitad entre Cartagena, Murcia, San Javier, Torre Pacheco y Mazarrón, que copan el 'top five' por número de opciones. A la hora de reservar en Airbnb, y a pesar de solo estar un 16% de alojamientos disponibles para las fechas elegidas (segunda semana de agosto), aún aparecen muchas decenas de posibilidades de todos los precios, clases y colores. Pisos hasta de 'cinco estrellas'. Y huéspedes de seis.

La escasa oferta hotelera de la Región de Murcia -en la actualidad no llega a 21.000 plazas, aunque el Gobierno de la Comunidad se empeña en engordarla desde hace años- se está viendo superada por un crecimiento imparable de apartamentos y viviendas particulares que se destinan al rendimiento económico gracias al sector turístico, y que reportan al propietario unos jugosos beneficios. Sin embargo, más de la tercera parte están en situación alegal y la inmensa mayoría no se declara a la Agencia Tributaria.

Las cifras hablan por sí solas. Según las propias estimaciones del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, en la actualidad hay 140.000 viviendas y 655.000 plazas de potencial uso turístico. De ellas, se calcula que el 11,8% se dedican habitualmente al alquiler vacacional (unas 16.500 viviendas y 77.000 plazas). Siempre según las mismas fuentes, de esas 16.500 viviendas destinadas al arrendamiento turístico solo están clasificadas 3.745 (2.494 apartamentos y 1.251 viviendas vacacionales), que suman un total de 16.802 plazas (10.641 de apartamentos y 6.161 de viviendas vacacionales). Así, la oferta alegal pendiente de clasificación se estima, por tanto, en unas 12.700 viviendas y 60.000 plazas. Es decir, casi el 77% del total de los alojamientos particulares destinados al disfrute turístico. Son datos que proceden de una encuesta realizada por la propia Consejería de Cultura y Turismo hace ya tres años, en 2015. De ahí que el Instituto de Turismo deje claro que «las estadísticas son parciales, escasas y no reflejan adecuadamente la dimensión y características del fenómeno».

Además, en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Región solo están dadas de alta a día de hoy 1.932 viviendas con 9.643 plazas. Muy lejos de las 77.000 totales.

106 millones no declarados

Por su parte, el secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinero, cifra en 106 millones de euros el importe del rendimiento anual por viviendas alquiladas no declaradas en la Región, «aunque no se puede disgregar las que se destinan al alquiler vacacional y las que no», matiza a 'La Verdad'. Además, y según los datos de los técnicos de Hacienda, casi el 54% de las viviendas en alquiler en la Región son alquileres 'sumergidos'. Esto es, que tratan de esquivar el pago de impuestos y no cumplen con la legislación vigente, aunque al final pasen 'por el aro' gracias a los mecanismos que ha puesto en marcha la Agencia Tributaria en los últimos años, con especial vigilancia sobre las plataformas, los consumos eléctricos de las viviendas y campañas específicas en las temporadas estivales.

Una de las principales quejas de la patronal del sector hotelero es, precisamente, que la competencia desleal que supone este modelo de negocio no está sujeta al pago de impuestos ni a otras muchas obligaciones, como los establecimientos reglados. Las viviendas turísticas tienen un impacto económico en nuestro país de unos 5.400 millones de euros anuales, de los que 1.600 millones corresponden al alojamiento y 3.800 millones al gasto en comida, compras, actividades y transporte, según los cálculos de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur). Por otra parte, la generación de empleo directo que representan las 125.000 viviendas asociadas en Fevitur es de unos 12.600 puestos de trabajo, mientras que el empleo indirecto se sitúa en otros 30.000 adicionales.

Pero no solo eso. Según el vicepresidente de laFederación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo (Hostemur) y presidente de la Agrupación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca (Agrup-Hotel), Juan Carlos García, el problema al que se enfrenta la Región «si no se regula a tiempo» esta actividad es de una magnitud que trasciende mucho más allá de lo tributario, y que va desde la comodidad de los propios turistas y residentes, al precio de los alquileres, pasando incluso por la seguridad nacional: «Los hoteles deben comunicar a las autoridades la identidad de cada cliente, algo que estos establecimientos alegales» eluden. «Esto podría conllevar problemas muy serios, porque de esa forma escapan al control de la policía los turistas y visitantes que llegan a la ciudad», advierte García. Es, básicamente, «contar con las mismas regaslas de juego». Una exigencia que el Insituto de Turismo ve «lógica y coherente, razón por la que no cesamos en el empeño de regular esta actividad».

«Celeridad»

Más que empeño, Juan Carlos García reclama «celeridad» al Gobierno regional, al que critica que «no sea capaz de ver el alcance de este asunto» y que haya «tardado mucho en acometer una legislación» que en otras comunidades «ya está en marcha desde hace tiempo». García pide «poner orden» en este «caos», aunque reconoce que la Región aún no vive los problemas que sí se dan en otras comunidades con mayor potencial turístico, como Cataluña, Baleares, Andalucía y Valencia, donde ha venido creciendo la llamada 'turismofobia' en parte como consecuencia de este fenómeno. Sin embargo, el crecimiento exponencial de las plazas disponibles en pisos de uso vacacional en los municipios de la Región, reflejado en el gráfico, da para pensar. Y también para preocuparse después de sacar conclusiones.

Según la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), Soledad Díaz, la Administración «debe hacer todos los esfuerzos» para poner en marcha los mecanismos de control necesarios «antes de que pase algo en alguna de estas viviendas», y se preguntó «¿cuántos consejeros de Turismo llevamos en tres años?» para explicar el restraso en la aprobación de la normativa, que sin embargo no ha afectado a las cifras de ocupación. Gracias, en parte, «a los esfuerzos de los empresarios», señala Díaz.

«Dentro de lo malo que supone que no seamos una potencia turística, lo bueno es que el problema no nos está afectando tanto... de momento. Pero esto no quiere decir que no esté llegando ya. Y cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar», ilustra Juan Carlos García.

Vecinos e inspecciones

Los vecinos, precisamente, son otro factor de la ecuación a tener en cuenta. Leandro Sánchez, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca (Favcac), asegura que el fenómeno, pese a todo, no ha llegado a convertirse en un problema para los residentes, como sí ha sucedido en otras regiones con más tirón turístico. «En la federación no se han recibido quejas por ruidos o molestias generadas por la actividad de este tipo de viviendas, ni en la zona de Cartagena, ni en la del Mar Menor, ni en la de La Manga. A día de hoy, no supone un problema». Sin embargo, Sánchez también pide a la Administración que no demore la puesta en marcha de la normativa para «no dar lugar precisamente al problema, para no dejar que ocurra, porque muchas veces luego es difícil atajarlo cuando ya lo tenemos encima».

El vicepresidente de Hostemur, critica por otro lado que las inspecciones en viviendas turísticas de las que alardea la Comunidad Autónoma para defender el control que realiza sobre la actividad «se realizan tomando como base un decreto de 2005 que no tiene nada que ver con la realidad que tenemos encima. Es como si intentamos regular el tráfico por carretera con las leyes de la aeronáutica de hace un siglo», compara García, quien lamenta que el vacío legal existente en la Región no tiene visos de solucionarse a largo plazo.

Sin embargo, y según los responsables del Instituto de Turismo, «en la Región no existe un vacío legal en esta materia, ya que disponemos del decreto del año 2005, que recoge las diferencias entre los apartamentos turísticos y los alojamientos vacacionales». Un decreto que, sin embargo, fue calificado por el anterior consejero de Turismo, Javier Celdrán, como «obsoleto». Igual de obsoleto que se puede quedar el nuevo reglamento cuando quiera dar respuesta a la nueva realidad del sector. Por eso, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, pide sin medias tintas que se regule «de forma inmediata» un modelo que ha venido a generar una «grave disrupción» en el mercado turístico y que «amenaza» la estabilidad del sector. «Aquí amamos al turista. No podemos pasar de la turismofilia a la turismofobia», sentencia Juan Carlos García.

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