Pide al juzgado que declaren todos los agentes que han hecho los rastreos

Ricardo Fernández
RICARDO FERNÁNDEZ

Una vez que el juzgado reciba la denuncia de la Fiscalía Superior, el instructor deberá decidir si la admite a trámite o si la archiva directamente por considerar que los hechos narrados no revisten apariencia de delito. En el caso de que ocurra lo primero, como parece previsible, el fiscal Díaz Manzanera reclama que se tome declaración en calidad de investigados a los trece antiguos altos cargos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la CHS, así como a los 24 administradores de las explotaciones agrarias denunciados. A la vez reclama que les sean embargados bienes suficientes como para cubrir las posibles responsabilidades civiles que puedan deducirse en un futuro, lo cual podría suponer una cifra astronómica.

Igualmente pide al magistrado instructor que cite como testigos a todos los funcionarios de la Guardia Civil, a los agentes medioambientales y a los inspectores de la CHS que han participado en la localización de las desalobradoras ilegales.

Ya en estos momentos, y en previsión de que la investigación judicial se extienda durante meses, considera que estas diligencias deben declararse como de especial complejidad, lo cual permitirá disponer de 18 meses adicionales de margen.

'Topillo', por los túneles

La denuncia de la Fiscalía va ya acompañada de varios miles de folios, consistentes en gran cantidad de expedientes recabados de la Consejería y la CHS, además de decenas de informes de universidades, organismos oficiales e instituciones científicas.

La operación ha sido bautizada como 'Topillo', en referencia a la inmensa red de túneles abiertos en las explotaciones agrarias del Campo de Cartagena para conducir el 'rechazo' hasta la rambla del Albujón.

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