El PP pide investigar en la Asamblea los pagos de la desalinizadora de Águilas

Víctor Martínez. /LV
Víctor Martínez. / LV

Gregorio Mármol
GREGORIO MÁRMOLCartagena

El PP pasa al contragolpe. El partido que sostiene al Ejecutivo de Fernando López Miras pretende animar la actividad parlamentaria en el último cuarto de legislatura con una comisión especial de investigación que aclare si la desalinizadora de Águilas financió parte de la campaña publicitaria con la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero promocionó su llamado Plan Agua, tras la derogación del trasvase del Ebro, en 2008. La iniciativa será registrada hoy en la Asamblea Regional y el portavoz del Grupo Popular, Víctor Martínez, confía en que salga adelante con el respaldo de Ciudadanos.

«Esperemos que los diputados de este partido estén a la altura y apoyen esta petición, como hicieron cuando el PSOE pidió la comisión de investigación de la desaladora de Escombreras», declaró Martínez a 'La Verdad'. El portavoz popular recordó que el partido naranja preguntará sobre este mismo asunto en el Congreso de los Diputados. «Lo consecuente es que ahora apoyen esta comisión», reiteró.

La petición del PP se basa en investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la financiación con 7,5 millones de euros, por parte de varias constructoras, de una campaña publicitaria del Gobierno para promocionar el Plan Agua antes de las elecciones de 2008.

Según reveló hace unos días el diario 'ABC', entre las empresas que sufragaron la campaña está la que gestiona la planta de Águilas, una UTE integrada por Ferrovial y Sacyr, que pagó a petición de la sociedad estatal Acuamed 1.293.400 euros, según los datos recabados en su investigación por la Guardia Civil.

Además del informe de la UCO, una denuncia presentada hace más de un año en la Fiscalía Anticorrupción por la abogada de Gabriela Mañueco, exdirectora de Ingeniería y Construcción de Acuamed e investigada en la causa por presunta corrupción en ese organismo, aporta documentación que apuntala la tesis de que la UTE Desaladora Águilas Guadalentín financió la campaña publicitaria. En concreto, pagó el 1% del valor de adjudicación de la obra. Posteriormente reclamó las cantidades adelantadas a la empresa publicitaria encargada de la campaña y las encubrió con otros conceptos, según sostienen los investigadores de la Guardia Civil. La campaña informativa que la titular de Medio Ambiente Cristina Narbona presentó en un Consejo de Ministros, en julio de 2007, a favor de la desalinización costó 7,5 millones de euros.

Ahora, el Grupo Parlamentario Popular pretende que se aclare en la Asamblea si la planta de Águilas permitió financiar de manera «poco transparente» la campaña para dar impulso a la política de desalinizadoras del Gobierno de Rodríguez Zapatero, justo cuando la Comunidad de Murcia reclamaba la llegada de agua desde el Ebro.

Si sale adelante, sería la sexta comisión de investigación que se constituye esta legislatura en la Asamblea. De las cinco en marcha, todas promovidas por la oposición y que desgastan políticamente al PP, solo la dedicada a investigar la desalinizadora de Escombreras ha concluido sus trabajos. Las del auditorio de Puerto Lumbreras, aeropuerto de Corvera y el Servicio Murciano de Salud están paralizadas. A un año del final de la legislatura, tampoco prospera la constituida para revisar contratos, avales y subvenciones públicas de la Comunidad.

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