El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de reforma del Código Penal que amplía la nómina de delitos y endurece las sanciones para determinados tipos. Si hace tres años, casi al término de su etapa de gobierno, el Ejecutivo del PP introdujo una reforma para endurecer la sanción a los pequeños delitos contra el patrimonio, ahora el Gobierno socialista ha salido al paso de la alarma social generada por la delincuencia organizada.

La principal novedad técnica a este respecto es la creación del concepto «asociación para delinquir»; en virtud del cual, quienes formen parte de tales organizaciones y cometan delitos serán sancionados por éstos y también por aquella adhesión, bien sea en grado de pertenencia, de dirección o de colaboración. La nueva normativa penalizará la figura del testaferro al frente de sociedades tapadera utilizadas para blanqueo de dinero o administración de bienes obtenidos fraudulentamente. El dinero y los bienes no declarados que aparezcan en operaciones de este tipo podrán ser decomisados por el juez a los condenados de tales delitos; para ello, bastará con que el delincuente no pueda justificar cómo fueron incorporados a su patrimonio. Parece claro que el Gobierno estaba pensando en las recientes operaciones Ballena Blanca y Malaya contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol, pero también ha pretendido atacar con la reforma fraudes como los de Afinsa y Fórum Filatélico: será delito falsear cuentas para ocultar el estado económico real de una empresa; asimismo, esta clase de actuaciones fraudulentas formarán un tipo específico de delitos contra los consumidores.

Otro aspecto relevante y plausible de la reforma es el encaminado a adaptar las normas al progreso tecnológico. Así, de un lado, se tipifican determinados delitos en Internet -la intromisión realizada por los hackers o piratas informáticos- y, de otro lado, se actualiza el tratamiento de los avances en biotecnología: la clonación humana con fines reproductivos será delito de manipulación genética y, en cambio, se despenalizará la utilización de óvulos con fines distintos a los de la reproducción. Finalmente, el Gobierno propone ciertas innovaciones, como la tipificación específica del acoso laboral, el endurecimiento de las sanciones por agresiones o abusos sexuales a menores y las penas de prisión para el exceso de velocidad o la conducción bajo los efectos del alcohol.

La conveniencia de actualizar la ley penal, que es siempre una ley de límites y que ha de evolucionar al ritmo de la propia sociedad, es incuestionable. Y esta reforma va sin duda en esta dirección, pero también en el sentido oportunista de satisfacer ciertas demandas sociales apenas se han producido y antes de la necesaria y conveniente sedimentación. En este sentido, la reforma necesita atemperarse para que la gradación de las sanciones se acomode al verdadero reproche social que cada actuación delictiva comporta. Es decir, para que el Código guarde unos equilibrios internos que casi nunca surgen espontáneamente de la improvisación.