El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, subrayó ayer que la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos implica un incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre inversión y consideró que España debe defender los derechos de sus inversores en ese país.

Antes de asistir a la reunión del Eurogrupo, Solbes señaló que la medida «no es ninguna sorpresa», pues ya se había avanzado, y recordó que la ha adoptado un gobierno elegido democráticamente. En este contexto, se mostró partidario de «utilizar el tiempo de que disponemos» para llevar a cabo una negociación que tenga un resultado aceptable para las empresas españolas que han invertido en Bolivia. «Siempre hay que usar todos los elementos de negociación hasta que ésta se acabe», afirmó, aunque precisó que «hay que mantener los márgenes jurídicos de actuación» en caso de que no se logre ningún resultado con la negociación.

Para abrir camino al diálogo, una delegación oficial integrada por representantes de los ministerios españoles de Asuntos Exteriores, Economía y Hacienda e Industria y Comercio, encabezada por el secretario de Estado de Exteriores, Bernardino León, viajó este jueves a La Paz para demandar explicaciones de las autoridades bolivianas sobre el alcance del decreto de nacionalización de los hidrocarburos.

Repsol YPF se declara dispuesta a seguir en Bolivia y para ello se propone colaborar con el Gobierno de Evo Morales, pero sin que eso signifique que renuncia a los derechos que le corresponden en aplicación del acuerdo bilateral de protección de las inversiones suscrito entre España y Bolivia, de cuya defensa hace reserva.

Así lo expresa la compañía española en una carta remitida al presidente de la petrolera estatal YPFB, Jorge Alvarado -con copia dirigida al ministro de Hidrocarburos de aquel país, Andrés Soliz Rada-, una misiva en la que le pide que aclara y concrete los términos necesarios para interpretar adecuadamente el decreto de nacionalización de los hidrocarburos aprobado el pasado 1 de mayo.