El Juzgado Número 6 de Murcia, que instruye el caso de la querella por delito societario contra el anterior Consejo Rector de la distribuidora farmacéutica Hefame, presidido por Pedro Rabadán, ha archivado el caso «por no hallar hechos constitutivos de delito».

El auto del magistrado defiende la actuación de ese consejo como la mejor para la cooperativa a pesar de los fallos contables, pero critica muy duramente la gestión y el control de las cuentas que llevó a cabo la anterior directiva (la que gestionó la empresa antes de Rabadán, entre 1994 y el 2001).

El dictamen viene a decir que el Consejo Rector arregló «como mejor pudo» una situación económica «heredada de los años anteriores». El auto deja claro que los querellados «lo que hicieron, con todas las irregularidades contables que se quiera, fue tratar de salvar de una situación delicada a la cooperativa» heredada del anterior Consejo Rector, y «lejos de falsear, reconocieron y sacaron a la luz una pérdida que antes no se estaba contabilizando».

El juez señala que los responsables de la cooperativa desde el año 1994 «habían incumplido la obligación que tiene todo gestor de llevar un adecuado control sobre su almacén, con dejación irresponsable de sus obligaciones, al menos hasta que ya en los años 2000 y 2001 (cuando entró el consejo querellado) comenzó a preocuparse por el tema».

Agujero de 23 millones

Durante los años anteriores al 2001 se produjo una «revalorización de activos inmovilizados contraria a los principios del plan general de contabilidad», ya que la valoración de los inmuebles se hizo a precio de mercado, y no de adquisición. «Como resultado de esa pérdida aflorada, en realidad, en 2001 la cooperativa Hefame estaba en pérdidas que realmente comportaban un montante de 23.103.000 euros».

Sin embargo, el juez determinó que cuando los querellados llegaron al Consejo Rector, «lo que hicieron (con todas las irregularidades contables que se quiera), es tratar de salvar a una situación económica delicada de la cooperativa que habían heredado de los años anteriores del modo que mejor pudieron según sus conocimientos, por más que fuese irregular contablemente, por lo que el ánimo de defraudar brilla por su ausencia. Lejos de falsear, lo que hicieron fue reflejar las pérdidas de existencias; reconocer, sacar a la luz una pérdida que antes no se estaba contabilizando, y eso no es falsear desde el punto de vista penal, sino todo lo contrario».

El magistrado defiende que los querellados realizaron una revalorización de sus activos contraria a los principios contables, pero «sin engaño, sin mentira, y con eso no se quiere perjudicar a la cooperativa, sino salvarla, y no se pretende engañar a nadie. Lo que se hace es poner en limpio la irregularidad respecto a la realidad que la situación que se ha ido gestando desde años antes a la llegada de este Consejo Rector».