Si el alcalde de San Javier, José Hernández, es supersticioso, tiene desde ayer dos nuevos motivos de preocupación. El principal de ellos se deriva de la decisión del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel López Bernal, de ordenar la apertura de diligencias informativas de carácter penal contra Hernández, con el fin de determinar si ha podido favorecer a dos promotores locales de los que es socio y amigo. La segunda razón, bastante más frívola, proviene del hecho de que la nueva investigación hace la número 13 de la Fiscalía por asuntos supuestamente vinculados a la corrupción política, un número de mal agüero para los aficionados a tocar madera cuando el asunto pinta feo.

Al margen de asuntos que bien pueden ser calificados de folclóricos, lo cierto es que el Ayuntamiento de San Javier ha pasado a formar parte de las instituciones -Gobierno regional y los ayuntamientos de Murcia, Águilas, Archena, Cieza, La Unión, Cartagena, Los Alcázares, y Mazarrón- que están bajo la lupa del fiscal jefe, Manuel López Bernal, por actuaciones en las que parecen entremezclarse los intereses personales con los públicos.

Inversiones en Valencia

En este último caso, el motivo de la apertura de diligencias informativas es la revelación de que el alcalde de la localidad, José Hernández Sánchez, de profesión promotor, forma parte de una sociedad constructora junto a dos de los principales promotores del Mar Menor: Santiago Martínez Esparza, propietario de la firma Urdemasa, y Juan Gracia Jiménez, dueño de la mercantil Peinsa. Junto a ellos, y también en calidad de socio mancomunado, figura el arquitecto valenciano Javier Gea Martínez.

Urdemasa y Peinsa son dos empresas con importantes intereses en San Javier. La primera se ha adjudicado numerosas obras públicas (entre ellas, la construcción del nuevo edificio consistorial, un aparcamiento subterráneo, la biblioteca municipal y el centro de día de la tercera edad en el Mirador) y además es propietaria de una parte del Plan Parcial Roda Golf & Beach Resort (1.700 viviendas y campo de golf). La segunda promueve a su vez una importante urbanización, Señorío de Roda, que contempla la construcción de unas 300 viviendas en San Javier.

Sobre la relación societaria que mantiene con ambos promotores, el alcalde Hernández se ha limitado a reconocer que forma parte de esa sociedad y a recordar su condición de promotor, «que es la forma en que me gano la vida».

El primer edil de San Javier ha reseñado que los dos promotores son amigos suyos desde hace largo tiempo y que hace un par de años tomaron la decisión de constituir una sociedad para realizar algunas inversiones en Valencia, concretamente en una zona con perspectivas de revalorizarse con las obras de mejora que se están acometiendo por la Copa América de Vela. «Hemos comprado unas cuantas casas viejas, con el objetivo de ver si nos da para hacernos una vivienda cada uno de nosotros», explicó a preguntas de este periódico.

Hernández también reconoció que, pese a ser socio de ambos promotores y a su relación amistosa, nunca se abstuvo en las votaciones de Pleno que afectaban a proyectos urbanísticos o adjudicaciones de obra a esos dos empresarios. «Yo no decido nada al respecto; las adjudicaciones se han hecho por subasta a la baja y el alcalde se limitó a ratificar lo ya decidido en la Mesa de Contratación», añadió.

El fiscal pretende averiguar si, como ya ha denunciado la oposición -PSOE y Grupo Independiente-, el alcalde ha podido favorecer conscientemente a los dos promotores. De hecho, el secretario de Organización del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, anunció que los servicios jurídicos del partido estaban trabajando «a toda máquina» para interponer una querella por tráfico de influencias y prevaricación contra José Hernández.