El Parlamento andaluz dio ayer su aval mayoritario a la proposición de reforma del Estatuto sin lograr en el último momento el consenso con la oposición, pero apelando al derecho de la comunidad a no renunciar a un mayor nivel de autogobierno una vez reabierto el proceso de reformas con el Estatuto de Cataluña. Más allá de la polémica fórmula para definir la comunidad como realidad nacional, ignorando la realidad de la calle en Andalucía, la estrategia del texto está orientada por la voluntad de situarse en un plano de igualdad con las otras nacionalidades históricas del art.151. Y esta actitud debería funcionar de contrapeso respecto a las estrategias nacionalistas, sobre todo tras el Estatut de Cataluña.

Convendría también no dramatizar el rechazo de una parte del parlamento autonómico por más que resulte ciertamente incómodo y, por el contrario, hubiese sido deseable un consenso mayor. Y no sólo porque se han cumplido los requisitos legales para una aprobación por mayoría de tres quintos, sino porque en la política andaluza existe desde hace meses una percepción sin equívocos sobre las maniobras partidistas desplegadas durante la elaboración de este proyecto estatutario. El Partido Socialista, como ya ocurrió en la Transición, ha sabido ganarse la parcela andalucista, con un discurso reivindicativo que les asegura un espectro amplio de simpatías desde las vastas comarcas rurales de voto afín hasta los polos más dinámicos de desarrollo. Una vez más el que se ha quedado descolocado es el Partido Andalucista, que podría verse abocado a otra crisis histórica de identidad, tras su larga travesía del desierto en los ochenta; en tanto, Izquierda Unida optaba por compartir la apuesta socialista al caballo ganador; y además con una negociación dura que en ciertos aspectos les permitió fijar soluciones algo inflexibles cercanas a sus tesis. El Partido Popular, segundo gran partido de la comunidad con un tercio del electorado, ha impuesto la estrategia arriesgada de la unidad de España frente a las aventuras territoriales -por cierto no aplicada en una comunidad propia como Valencia- probablemente con la convicción de que ese discurso tendrá réditos a medio plazo. No obstante, Andalucía no es el lugar más indicado para infundir temores separatistas. De hecho, la fórmula de la realidad nacional está inspirada por el profesor Clavero, no ya un académico conservador de prestigio sino una figura política mitificada desde la transición al dimitir ante el rechazo del Gobierno central a que Andalucía se rigiese por el 151 al que se accedió vía referéndum.

El Estatuto de Andalucía tal como fue aprobado ayer por el Parlamento territorial, a pesar de las notorias semejanzas con el Estatut y ocasionalmente una redacción mimética, no es, sin embargo, una réplica de éste: la alternativa andaluza adopta un perfil federalista pero no nacionalista. Y su estrategia debería ser contemplada bajo esa clave, porque la apuesta andaluza es igualitaria y solidaria, sin la tentación de los privilegios exclusivos ni la menor inclinación a las veleidades retóricas del soberanismo. Donde Cataluña ha tratado de reemplazar al Estado en parcelas que éste tiene atribuidas, Andalucía propone compartir el poder de decisión. Esto resulta notorio en aspectos como el control aeroportuario o la Agencia Tributaria. De ahí que la reforma andaluza podría convertirse en la referencia para otras comunidades y con seguridad esto hace prever una tramitación sin contratiempos significativos en las Cortes Generales, garantía definitiva de su encaje constitucional.